Desafortunadas totalmente son las declaraciones de diversos diputados, incluyendo a Ovidio Monzón, actual Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, en relación a una nueva violación constitucional por parte del pleno de diputados que aprobaron el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, por US $265 millones.

En relación con el préstamo indicado, los diputados, como es ya común en ellos, reagruparon otros gastos no contemplados en la negociación inicial, y para quedar bien con los agraciados sindicatos de maestros y salubristas, trasladaron rubros contemplados para inversión, hacia rubros de funcionamiento, violando la prohibición constitucional que es expresa con respecto a la imposibilidad de que funcionario público alguno ose a atreverse a tal cometido.

Resulta ser que como estamos en plena época electoral y la propia Presidencia de la República ha sido dispendiosa en los gastos del Estado, al no alcanzar en relación con los ofrecidos aumentos de sueldo a los sindicatos indicados, los mismos se incluyen en un oneroso préstamo del BCIE, en torno al cual se paga más de un 6 por ciento anual en términos dolarizados.

Si los diputados se limpian con la Constitución, no iban a escatimar violar la propia ley anual presupuestaria que aprobaron en noviembre, de la cual también son harto responsables las más altas autoridades del Ejecutivo, en virtud de que era norma presupuestaria la prohibición de no crear puestos de trabajo en la Administración Central, ni solicitar la creación de bonos monetarios de ningún tipo, haciéndose algunas pequeñas excepciones para el caso de Salud y temas relacionados con la Policí­a Nacional.

Adicionalmente se indica en las normas que “Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional de Servicio Civil para denegar de oficio cualquier solicitud que contravenga esta disposición”.

Violando todo lo anterior, el Ejecutivo permitió el desorden tremendo que se observa en materia de personal en los ministerios de Salud y de Educación, siendo entonces que todo ello se fue convirtiendo en un problema polí­tico, que se resuelve en plena época electoral con la violación constitucional: bajando más inversión, dejando al paí­s incluso sin dinero para la reparación de carreteras, y bajando las contrapartidas de importantes proyectos para alimentar los barriles sin fondo de las carteras de Educación y Salud.

En el argot de las organizaciones de justicia un tema que no deja dormir a los funcionarios públicos es que se les “certifique lo conducente”, ello quiere decir que al final los funcionarios que sean los responsables de firmar tales gazapos jurí­dicos, ojalá, alguna vez puedan sufrir persecución penal, pues la violación a la Constitución así­ lo debiera exigir.

Como lo dice ahora Ovidio Monzón, las cosas se han hecho así­ y hasta ahora no ha pasado nada. Pero como hemos estado viendo en otros ambientes de la justicia, incluso ligados con el complejo tema de la Memoria Histórica, allí­ están personajes siniestros que ya no pueden ni con la carta de ventas, sufriendo en carne propia lo que hicieron de jóvenes en contra del pueblo de Guatemala. Así­ podrí­a suceder entonces en relación a quienes violan en forma flagrante nuestra Constitución, tan sólo para pasar la coyuntura y solucionar de la forma más cómoda posible, pero muy onerosa para el pueblo, el desorden presupuestario creado durante todos estos años.