Si se considera la violencia como una enfermedad, nos debemos preguntar si las policías privadas son la solución para enfrentarla. El hecho ocurrido ayer en una estación de gasolina en la que el criterio de un policía privado le hizo disparar y matar a un joven deportista que viajaba con su familia, nos vuelve a poner en el tapete el tema de una fuerza que es muy grande y que no tiene ningún control que, mínimo, debería cumplir.
Las policías privadas surgen, en cualquier parte del mundo, para cumplir una función adicional y/o complementaria de las estructuras estatales de seguridad. En el caso de Guatemala hemos visto cómo desde vehículos tipo pánel que distribuyen productos de consumo básico, cualquier comercio, residencial, etc., decide contratar a personal armado sin conocer sus capacidades operativas y, menos, su estabilidad mental.
Estas personas, algunas veces actuando como escoltas o guardias de seguridad personal, toman decisiones equivocadas que son trágicas, como lo sucedido anoche. Las autoridades desconocen el número de agentes privados de seguridad, porque entre policías registradas, policías ilegales y escoltas que se ofrecen individualmente, la cantidad de personas que se dedican a esta actividad es imposible de determinar.
Evidentemente y a pesar de las críticas de los empresarios del ramo, es evidente que falta ponerle dientes a la capacidad de las autoridades para la aplicación de la ley reguladora de las Empresas de Seguridad Privada y, especialmente, con aquellos individuos que sin capacidad para hacerlo, tienen acceso a una legítima portación de arma de fuego y ofrecen algo que no pueden cumplir: protección.
Obviamente, no se puede generalizar sobre el funcionamiento y capacidad de selección de personal. Adicionalmente, tenemos que estar conscientes que algo que es tan serio como la existencia de esas organizaciones o personas individuales que se ofrecen sin conocer el oficio, es una responsabilidad compartida de quien los contrata sin asegurarse que se trata de personal que protegerá en lugar de poner en riesgo a los ciudadanos.
En una sociedad con amplio acceso a las armas de fuego, con un exagerado contacto con hechos de violencia y, peor aún, con altísima tasa de impunidad sobre este tipo de hechos, es urgente que las autoridades asuman su rol de fiscalizar, perseguir y castigar a quienes estén actuando de manera ilegal.
Guatemala no merece más sangre. Menos, de máquinas asesinas uniformadas que encuentran en la facilidad de empresas sin control la salida a un empleo. El mismo gremio, para protegerse de los delincuentes disfrazados de policías que les generan tanto desprestigio, debe promover ese fortalecimiento del control y más eficiencia en los procesos contra quienes cometan actos de tal magnitud al abusar del poder irracional que les da un arma de fuego.
Minutero:
No es seguridad /
si cometen asesinatos; /
falta claridad /
para regular estos aparatos