El actual punto de inflexión está en una aguda polarización entre dos de los sectores históricamente antagónicos. De un lado la obstinación de los poseedores del capital y del otro, una mayoría que ha dejado de ser silenciosa y silenciada: indígenas, campesinos y (próximamente) sindicalistas. La fallida aprobación del contenido de la iniciativa 4084 ha sido el último de los escenarios de la conflictividad sempiterna. El choque puede ser evitable. Pero pareciera que no se desea evadir la colisión social.
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La ganadora de momento de esta jornada no ha sido ni la Cámara del Agro y sus adláteres “empresariales”, como tampoco lo han sido las organizaciones campesinas e indígenas. En un rápido recuento no ha habido ganadores reales. En el Congreso se ha manifestado un letargo conveniente. En tanto al Ejecutivo se le ha restado importante capacidad de ejercicio de poder. Y ha predominado la intransigencia de uno y otro lado de los antagónicos sectores ahora nuevamente confrontados.
En principio y aun y a pesar de su aparente llamado a la no ideologización de la temática del desarrollo rural, ha predominado el rechazo por el rechazo mismo. La Cámara del Agro de acuerdo a su lógica no puede tolerar una ley de desarrollo rural, aun y cuando ésta pueda llegar ser inocua e insípida para la conveniencia del manejo de sus ancestrales modalidades de “producir” para “engrandecer al país”. En tanto del lado de las organizaciones campesinas, pareciera que tampoco pueden admitir la posibilidad de continuar sus propias rutinas sin una ley que en teoría les permita mayores accesos a oportunidades de desarrollo. En este estado de cosas, la polarización no hará más que debilitar el ejercicio del poder político en menoscabo de la autoridad gubernamental. No hay ganadores, repito. Perdemos todos. ¿Eso es lo que se busca, el enseñoramiento de la anarquía disfrazada de la libertad individual y de la propiedad privada?
Los razonamientos para descalificar la iniciativa no hacen sino desnudar las raíces de la obstinación. Hoy por hoy, está más que demostrado por los más de 1 millón 385 guatemaltecos residentes en el extranjero que la pobreza no es asumida por los pobres como una sumisión eterna ante la carencia de oportunidades de realización personal. Ante las limitaciones han buscado nuevas opciones que en el país han sido negadas precisamente por los poseedores del capital y los que en teoría estarían llamados a obtener sus ganancias sobre la base de la ampliación sostenida (y digna) de fuentes de empleo. Pero eso no es así. Cuando el monto total de las remesas, según las cifras oficiales, compite con los ingresos de las actividades emblemáticas del actual estado de desarrollo agrícola, debiera provocar un mínimo de vergüenza en quienes defienden este cuadro. Toda vez que con cada dólar que ingresa al mercado financiero nacional por la vía de la migración (clandestina) es un llamado de atención que implica que en el país lo que ha predominado es una enorme lista de injusticias sociales.
Injusticias a las que se apela con razonamientos como el de la defensa de la libertad individual, la preeminencia de la propiedad privada y ahora, vaya cinismo, hasta la “independencia del funcionamiento de los organismos del Estado”. El aprieto llega a tal magnitud que se propicia en realidad la instauración del anarquismo: “cada quien que haga lo que le dé la gana. Mientras más pisto, más capacidad de hacer lo que quiera… ¡Y qué!” Pero esta agudización de la polarización a nadie le trae provecho. En el mediano plazo se pueden llegar a constreñir todas las actividades emblemáticas del poder económico. En ese punto abundarán los señalamientos y los villanos aparecerán por doquier. Querrán unos y otros una salida. La tienen, en sentido figurado, debajo de sus narices. Pero querrán apostar por ello o será mejor impulsar un debilitamiento sostenido del poder político del Ejecutivo. Casi como un golpe de Estado sin el uso de las armas. ¿Qué será lo que quieren?