Las declaraciones que el presidente de la República, Otto Pérez Molina; el presidente del Congreso, Arístides Crespo; el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto han emitido recientemente sobre la conveniencia de modificar el período de duración de la Presidencia de la República o de suprimir la prohibición que un ciudadano que ha ejercido la Presidencia de la República constitucionalmente pueda ser reelegido, no necesariamente implican que se haya violado la Constitución por estos funcionarios por cuanto no es una acción concreta que implique prorrogar el actual mandato presidencial de cuatro a cinco o seis años; ni tampoco es una acción concreta de reformar el actual texto constitucional para permitir que pudiese darse la posibilidad que quien haya ejercido la Presidencia de la República pueda postularse y si así lo decidiera la mayoría de la ciudadanía o votantes elegírsele para un nuevo mandato.

Distinto es si estuvieran los funcionarios mencionados ejerciendo acciones concretas para prorrogar el actual mandato presidencial en más de cuatro años. También distinto sería si se estuviera pretendiendo que el actual Presidente y Vicepresidenta de la República fueran candidatos en las próximas elecciones para desempeñar el cargo en un nuevo período sin que la Constitución en su redacción actual hubiese sido modificada.

Nos agrade o no, nuestro sistema político democrático es sumamente deficiente y aunque la Constitución de la cual se ha celebrado 29 años de vigencia, convirtiéndose en el segundo texto constitucional que históricamente nos ha regido más tiempo y tiene muchos aspectos positivos; sin embargo, se ha hecho evidente que hay áreas que reanalizar, evaluar y respetándose los procedimientos, si la mayoría de la ciudadanía así lo considera, puede enmendarse total o parcialmente a través de una nueva constituyente o a través del Congreso de la República y las respectivas consultas populares.

España está en este momento por parte de su ciudadanía planteando la posibilidad de convertirse en República y dejar de ser un gobierno con una monarquía parlamentaria, lo cual no implica una traición, especialmente si reconocemos, aceptamos y respetamos que la Constitución es un pacto social y como tal puede cambiarse sea vía enmiendas como hacen los norteamericanos o vía reformas parciales o totales.

Pretender ponernos una camisa de fuerza indefinida en la Constitución es solo crear una presión social que puede llegar a extremos indeseados. Esa fue la razón por la que a raíz del autogolpe de Jorge Serrano se optó por abrir las válvulas y reformar la Constitución.

Negar que el gobierno de facto que presidía Óscar Mejía Víctores impuso criterios a la Constituyente que nos dotó de la actual Constitución, es no ver la verdad; ejemplo de ello es que a diferencia de la casi totalidad de los países de América Latina, se estableció que el Ministro de la Defensa tenía que ser un militar en servicio activo hecho que sin duda alguna contradice un principio democrático por cuanto los ministros son funcionarios políticos que participan a través del Gabinete General o de los gabinetes específicos de la discusión, aprobación y propuesta de gobierno en todos los sentidos.

¡Guatemala es primero!