Irresponsabilidad gubernamental y ciudadana compartida


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La industria en Guatemala es prácticamente inexistente y hay muchos elementos que se pueden considerar como potencialmente factibles para esa deficiencia. La corrupción resta mucho dinero a los pequeños emprendedores de naciones como Guatemala, dinero que podría usarse en mejorar sus negocios, obtener más beneficios y aportar más puestos de trabajo.

Roberto Arias


No sólo es la corrupción mostrada por sus dirigentes y clase política en general, la justicia y sobre todo la Policía son parte de esta característica. En algunos países policías y expolicías forman bandas para extorsionar a empresarios y otros ciudadanos a cambio de seguridad o realizan ellos mismos secuestros y asesinatos. Desgraciadamente en Guatemala, grandes empresarios son parte de estas estructuras y cierran la vuelta de la extorsión al país.

La corrupción extrae un dinero de cuestiones vitales para el desarrollo, como la infraestructura, la alimentación o la educación, para quedar en bienes totalmente improductivos, artículos de lujo, o ser enviado a cuentas bancarias en el extranjero. De esta forma las aportaciones de naciones ricas en forma de ayuda o préstamos les son devueltas rápidamente y con intereses.

Más graves consecuencias aún pueden tener las acciones tiránicas de los gobernantes. Por su desconocimiento, falta de formación, repulsa a cualquier tipo de crítica y voracidad evidente, muchos gobernantes han conducido su país a la ruina absoluta. La fragilidad de Guatemala en este sentido es enorme y, desgraciadamente la desidia y la inmovilidad de la población hacia el desarrollo es manifiesta.

Otro efecto provocado por la corrupción de los gobernantes es la escasa solidaridad que promueve en el pueblo. Además de dificultar las posibilidades de asociación entre los habitantes del país, imprescindible para una tarea colectiva como es el desarrollo.

Ya caló en Guatemala la idea de que la corrupción generalizada e impune es algo inevitable. Por lo que no resultaría lógico ni práctico luchar contra ella, llevando a más desidia y más corrupción. Esta idea da pie a violaciones de derechos humanos como matanzas, desapariciones y torturas generalizadas.

Otra área de responsabilidad gubernamental se encuadra no ya en las acciones sino en las inacciones de los gobernantes. La gran disparidad de ingresos, niveles de renta y formación entre las élites de Guatemala y su pueblo aumenta el desapego de aquellos hacia estos. Así muchas de las grandes fortunas del mundo están en manos de ciudadanos provenientes de países subdesarrollados que las han conseguido por la gran permisividad de sus sistemas fiscales y judiciales, mientras los más pobres mueren de hambre.

Esta permisividad también admite que cárteles de la droga prosperen cometiendo hasta 23 tipos diferentes de delitos (tráfico de armas, extorsión, tráfico de seres humanos…) de los que el tráfico de estupefacientes y el consiguiente lavado de dinero sólo son dos de ellos. Expertos en seguridad y derechos humanos sostienen que muchos gobiernos, subdesarrollados o no, rehúsan luchar contundentemente contra el crimen organizado y permiten que estos 23 tipos de delitos continúen más o menos impunes hasta que las acciones de dichos grupos afectan directamente a la élite política y social, como sucedió en Colombia con la masacre de la mitad de la Corte Suprema o la voladura del Club del Nogal en Bogotá.

¿Hacia qué rumbo llevamos a Guatemala los guatemaltecos todos?