La semana pasada confluyeron eventos que permiten apreciar los resultados de una gestión gubernamental irresponsable en el manejo de las finanzas públicas.  El primero de estos hechos se constituye en la reducción presupuestaria de alrededor de Q2.5 millardos, enviando un proyecto de ley al Congreso de la República para que se proceda a disminuir el presupuesto actual, para con ello conseguir un balance precario en el resultado final de su gestión presupuestaria, en el momento más bajo de este gobierno.

Por Juan José Narciso Chúa

Esta reducción presupuestaria no serí­a nada extraordinario, si no fuera por el hecho que se trata de magnificar la poca o nula voluntad de los partidos polí­ticos en el Congreso de la República, para aprobar varios préstamos externos y dejarlos con la responsabilidad de aprobar esta reducción y así­ el ejecutivo mostrar que ellos son los culpables de esta situación.

Nada más falso.  El gobierno fue irresponsable en aumentar los techos presupuestarios globales en el cuatrienio, sin respaldo en la mejora de los ingresos y buscando favorecer fundamentalmente los programas integrados a Cohesión Social, pero lamentablemente siempre se pretendió afianzar la imagen de la señora Torres, creyendo que con las transferencias presupuestarias de Mi Familia Progresa, las bolsas solidarias y honrar la gratuidad en Salud y Educación, se asegurarí­an los votos necesarios para apalancar su elección. 

Decisiones equivocadas, empecinamientos tortuosos y pretensiones ilusas demuestran que se infló un globo nada más y al pincharse se desmoronó todo el castillo de naipes que se habí­a construido.  Ni hablar de la opacidad, ni mencionar la corrupción, ni pretender situar el clientelismo electoral, era la necedad contra la razón, la obcecación versus la objetividad, la falta de escrúpulos a las espaldas del análisis serio y detenido.

El segundo hecho, fue la presentación de la evaluación del Programa de Mi Familia Progresa, por parte de Acción Ciudadana, en donde se demuestra que las transferencias monetarias condicionadas que constituyen el instrumento principal de este programa, no muestran resultados significativos en términos de impactar las condiciones de vida de las personas beneficiadas.  Aunque se presentan mayores conclusiones de esta evaluación y no se pretenden detallar en esta nota, si resulta pertinente señalar que resulta lamentable que se haya perdido la esencia de las transferencias monetarias condicionadas, para desviarlas en la búsqueda de una elección, pues se produce una enorme pérdida de oportunidad para amplios sectores de la población que vive en la desigualdad y la pobreza.

Nuevamente, se pierde la posibilidad de construir un programa que fuera más allá de la gestión gubernamental y probablemente un ligero atisbo para un programa de Estado y que buscara incidir en balancear una estructura social que en la actualidad se encuentra caracterizada por la desigualdad, principalmente en la población rural, las mujeres y los pueblos indí­genas.

Nada más dramático que ver a un gobierno que hipoteca las posibilidades de muchas personas, con la pretensión principal de impulsar a su candidato, utilizando un programa social que podrí­a haber sido un bastión fundamental para impulsar modificaciones en la estructura de desigualdad de un paí­s, tan necesitado de ello y en un paí­s en donde los diferentes regí­menes de gobierno del perí­odo democrático se han convertido en equipos modélicos, junto a las élites, que han privilegiado la  corrupción, cada uno se ha hundido más en la opacidad y desafortunadamente -algunos más que otros-, han incidido en ampliar y profundizar la impunidad. Si seguimos adelante sin reconocer los errores del presente estaremos condenando el futuro de esta sociedad.