La Procuraduría de Derechos Humanos advierte que la conflictividad social en el país se debe en buena medida al irrespeto a las consultas populares, despojos y engaños en torno a los megaproyectos.

María Eugenia Solís, asesora del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), considera que la mayor parte de conflictividad que se genera en el país tiene que ver con la violación al derecho de consulta de los pueblos indígenas, en relación a los proyectos hidroeléctricos y de la industria extractiva.

“En la PDH hay una inmensa cantidad de denuncias y reclamos donde la gente asegura que hay despojos y engaños, que les compran por una bagatela; sienten peligro de la devastación, de la contaminación y del uso abusivo del agua”, indicó Solís.

Según sus consideraciones, con relación a este tipo de inversiones, “los beneficios van a ser privados, pero los daños van a ser colectivos”.

También señaló que la conflictividad está relacionada con tal situación, puesto que el malestar, el reclamo y protesta social están creciendo porque no se está respetando a las comunidades indígenas.

“Tienen derecho a exigir, porque así como existe obligación del Estado a consultar, ellos tienen el derecho a ser consultados”, reiteró.

En ese sentido, en el Informe Circunstanciado del primer año de labores del PDH, de Jorge de León Duque, se resalta que el aumento de las licencias, tanto en minería como en energía, ha generado manifestaciones de descontento en algunas comunidades, fundamentalmente en la forma poco efectiva de abordar la relación entre las inversiones de este tipo y la población ubicada en las áreas de intervención.

DATOS
Según datos contenidos en el informe del ombudsman, en Guatemala existen 43 hidroeléctricas, 3 más están edificándose, mientras que 19 aún no han iniciado construcción.

Por otro lado, el documento señala que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), quien es el encargado de otorgar las licencias para la extracción de recursos naturales, emitió hasta el primer semestre del 2011, 398 autorizaciones.

Estas son giradas en tres tipos: de reconocimiento, de exploración y de explotación.  Del total de licencias,  49% son para minerales no metálicos, 33% son para minerales metálicos, y el 27% restante para materiales de construcción.

No obstante, según el informe del Procurador, la problemática desatada en relación a la implementación de estos proyectos se explica por la equivocación del Estado al impulsar este tipo de inversiones sin la consulta previa e informada a las poblaciones en donde las mismas se desarrollarán, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 169 de la OIT.

LEGISLACIÓN
A pesar de las leyes vigentes en el país que tutelan los derechos humanos y la garantía de los mismos prevista en la Constitución Política de la República, “no existe una regulación apropiada” para estas situaciones, señala el documento.

En agosto de 2010, el Gobierno estableció una Comisión Intersectorial encargada de la elaboración de un proyecto de reglamento para la regulación de la consulta, que fue presentado el 23 de febrero de 2011.

También, el informe recuerda que en el Congreso de la República sigue estancada desde 2009 la iniciativa de ley 4051, que dispone aprobar la “Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas”. Y aunque cuenta con dictamen favorable, continúa sin aprobarse.

Por otro lado, el año pasado, el MEM presentó una propuesta para reformar la Ley de Minería, la cual fue objetada por varios sectores, al considerar que viola el principio de consultas comunitarias.