La tarde del 21 de enero de 1984, mi sobrino ílvaro Zacarías Calvo Pérez, estudiante universitario y maestro de escuela, fue violentamente introducido en un vehículo tripulado por hombres de las fuerzas de seguridad del Estado, en presencia de su pequeño hijo José Ernesto, a la sazón de 3 años de edad, quien lo acompañaba y vio aterrado cuando le dispararon a su padre, que portaba un par de libros.
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La mañana de ese día -como lo referí en un artículo de 2006-, Zacarías había estado platicando conmigo. Como todo joven idealista, soñaba con una patria justa, digna y libre de analfabetismo, desnutrición y otras lacras sociales. También me comentaba acerca de su matrimonio con Ana y el futuro de su hijo. Fue en vano. No lo volvió a ver. Ni sus padres, ílvaro Calvo Mendizábal ( ) y Marta Josefina Pérez de Calvo, ni su esposa, hermanos ni yo con mi familia supimos de su paradero desde entonces.
Durante semanas preguntamos por Zacarías, de 26 años, en cárceles y cuarteles y buscamos su cuerpo en la morgue. Cuando nos enterábamos que aparecían cadáveres tirados en cualquier lugar, íbamos a comprobar si se trataba de mi sobrino. Hasta que se agotó el tiempo y el esfuerzo, y así pasaron los años, al igual como había ocurrido un lustro atrás con mi primo Mario Chávez Calderón, modesto taxista que desapareció sin dejar rastro.
Uno de los últimos intentos que se hicieron para esclarecer el funesto destino que la dictadura militar de entonces le deparó a Zacarías y a otra veintena de muchachos que corrieron la misma suerte, fue en julio de 2006, cuando los familiares más cercanos de los capturados ilegalmente por agentes de la Policía Nacional y del Ejército plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitiera una denuncia internacional contra el Estado de Guatemala, por la práctica sistemática de los delitos de desaparición forzada durante la guerra interna y por la posterior denegación de justicia, encubrimiento e impunidad.
Estos recuerdos me agobiaron de nuevo la semana anterior, cuando leí un desplegado que el Gobierno publicó en elPeriódico, con el título
Se incluyen los nombres de 57 guatemaltecos víctimas de la desaparición forzada, entre los cuales mi sobrino, se explica a grandes rasgos cómo operaban las fuerzas represivas del Estado, y se indica que la publicación constituye «un homenaje póstumo» de los desaparecidos. Pero hasta ahí no más. ¿Anuncia alguna investigación? No. ¡Qué va!