En las ediciones de La Hora, Tribuna no Mostrador, de los días lunes 3, 10, 17 y 24 del mes de diciembre del año pasado escribí cuatro artículos en relación con la preocupante situación del sistema bancario nacional bajo el titular «Peligroso Desfase Financiero en el Sistema Bancario», desfase que a 31 de octubre ascendía a, por lo menos, Q68 mil millones. Y en el último artículo, el IV, propuse varias medidas correctivas de ese alarmante déficit.
Hasta el día de hoy, ninguno de los bancos del sistema ni las autoridades controladoras del sistema bancario se pronunciaron, privada o públicamente, respecto a mis señalamientos; sin duda alguna, para no causar escándalo. Sin embargo, la Junta Monetaria (JM) emitió varias Resoluciones, algunas de ellas publicadas en el diario el Periódico y en el de Centro América -Diario Oficial- en sus ediciones del 21 y del 24 de diciembre. En dichas Resoluciones la JM tomó medidas para enfrentar los peligros por mí señalados, sobre Encaje Bancario, Compensación Bancaria, Sanciones y de supervisión y control de entidades fuera de plaza (offshores), reglamentación de calce de operaciones activas y pasivas en moneda extranjera de los bancos y sociedades financieras privadas y de la adecuación de capital para offshores, casas de bolsa, empresas especializadas en servicios financieros, almacenes generales de depósitos y casas de cambio, que forman parte de algún grupo financiero. También reguló la posición patrimonial consolidada de grupos financieros. Pero, esas resoluciones no sólo contienen disposiciones dispersas, que no proveen a las autoridades bancarias de capacidad necesaria para corregir el desfase, sino que son insuficientes para evitar un posible descalabro bancario. Para esto es indispensable reformar de fondo la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, en el sentido de asignarle como era antes de 2002, su función auténtica de Banco Central y también la ley de Bancos y Grupos Financieros y despojarla de las excesivas atribuciones que se les asigna a entidades privadas, nacionales y extranjeras, a costa de la pérdida de autoridad del Banco de Guatemala, Y, además, debe emitirse una ley que prohíba a bancos y entidades financieras relaciones con offshores.
La situación en tan preocupante, no sólo por lo dicho en los cautro artículos mencionados, sino porque instituciones de control como el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Bancos (SB), al parecer por lo que informaré a continuación, en vez de proceder enérgicamente contra esas anomalías bancarias y financieras, se están haciendo «de la vista gorda», de las corruptelas en el sistema bancario. En efecto, en agosto del año pasado, la SB se dirigió al Fiscal General, poniéndole en conocimiento que un importante banco (prefiero omitir su nombre porque no es mi objeto ensañarme con alguna institución en particular, sino que se sanee el sistema bancario y financiero) estaba tratando de obtener dinero en México, pero que aquí, en Guatemala, ese endeudamiento se presentaría como si fueran recursos de inversión propia, cuyo destino sería -según palabras textuales del Superintendente Zapata-, «cubrir las operaciones sin respaldo de considerables cantidades que dejaron las operaciones del Banco de Comercio, S.A. y los créditos hipotecarios del Banco de Occidente».