Varias personas nos comentaron recientemente su preocupación por el montaje en diferentes puntos de la capital de Guatemala, de retenes policíacos que podrían ser ilegales, es decir al margen de las ordenanzas de las autoridades superiores.
Los guatemaltecos estamos acostumbrados a los retenes con la participación de agentes de la Policía Nacional Civil y de miembros del Ejército, con conos y distintivos de identificación, así como por lo menos una patrulla estacionada en las proximidades.
Sin embargo, ahora están proliferando retenes de dos policías que se dedican a detener y registrar automóviles, exigiendo a los pilotos licencia y tarjeta de circulación. Llama la atención que junto a los agentes solo hay una moto sin la presencia de elementos militares.
Como consecuencia de los altos niveles de corrupción que han debilitado el prestigio y credibilidad de la Policía, existe el justificado temor entre la ciudadanía, que esos retenes de dos agentes, pudieran prestarse para “mordidas” u otros abusos en contra de los habitantes.
El caso ya es del conocimiento de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, que es de suponer, le tendrá que dar el seguimiento respectivo, informando al mando superior del Ministerio de Gobernación, para que se adopten las medidas correctivas que correspondan.
Entendemos que la situación es muy compleja, en vista que el nuevo gobierno prometió redoblar los esfuerzos para brindar seguridad a la población ante la creciente ola de delincuencia que agobia a los distintos sectores sociales, y fácilmente podría creerse que esos “retenes de dos agentes” son parte de tales medidas.
El Presidente de la República y el Ministro de Gobernación, deben informar a la ciudadanía cuáles son las características que distinguen a los retenes autorizados de los que no lo son, y hacer público un número telefónico confiable, para que las personas se comuniquen fácilmente ante cualquier duda.
Hasta ahora, todo induce a pensar que esos operativos son producto de acciones antojadizas de algunos agentes que se quieren pasar de listos buscando su propio beneficio personal, pues como reza el dicho popular: “en río revuelto, ganancia de pescadores”.
No solo puede estarse presentando el fenómeno de retenes irregulares, sino lo que sería más grave, la actuación de policías impostores que perfectamente podrían utilizar uniformes falsos, que como se ha denunciado en varias ocasiones, son fáciles de conseguir en el mercado informal del país.
Consideramos que cualquier medida de prevención por parte del Gobierno para contrarrestar todos estos riesgos, será una importante contribución a efecto de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.