El Gobierno del presidente Otto Pérez Molina ha promovido reformas profundas para el Estado y el país, como lo fueron en su momento las propuestas de cambios a la Constitución o la despenalización de las drogas.

En ambos temas, aparentemente, hubo fracasos –pues no hay resultados visibles–, aunque finalmente se logró desviar la atención de la población sobre los resultados de la gestión gubernamental y se consiguió mejorar la imagen internacional de las autoridades.

Estas dos propuestas, que fueron realizadas en el primer año de gestión de Pérez Molina, en su momento fueron parte central de discusiones entre diversos sectores sociales, preocupados principalmente por las reformas constitucionales, que lanzaron una serie de críticas contra los cambios cuestionables que se proponían en el sistema de justicia.

Asimismo, la iniciativa de despenalización de las drogas buscando nuevas alternativas al combate del narcotráfico, que llegó a ser un tema central en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, nunca avanzó a la práctica, debido al rechazo de grupos conservadores y al desinterés de buena parte de la población.

En la actualidad pocos recuerdan estas propuestas e incluso parecieran ya no ser del interés del Ejecutivo, que únicamente revolvió la opinión pública y al final solo demostró improvisación, al punto que ahora se ha desistido de la discusión como si ya no se quisieran tratar en el ambiente político, por lo que analistas consideran que fueron  cortinas de humo para dejar de lado temas más importantes como la pobreza, violencia y corrupción.

Javier Brolo, de la Asociación de Investigaciones económicas y sociales (Asies), indica que son temas que abrieron el debate y la discusión, aunque no tuvieron la repercusión necesaria para prosperar.

El proyecto de reforma constitucional enfrentó varios procesos de oposición y discusión, pero se terminaron tras el terremoto en San Marcos que llamó la atención del país, dice el analista.  Es entonces cuando empieza a salir el papel del Gobierno en la crisis y con ello el desgaste del partido oficial, reduciendo la capacidad de darle viabilidad política a ese esfuerzo.

Sin embargo, Brolo considera que en el camino quedó una conciencia más profunda de las debilidades constitucionales, especialmente en el sector de justicia y permitió visibilizar las diferencias de la sociedad en algunos puntos específicos, sobre todo en temas políticos y étnicos, lo que considera “un aprendizaje para poder enfocar mejor los temas cuando este esfuerzo se reanude”.

Brolo dice que la inviabilidad se da principalmente en el tema de la reforma constitucional porque no se lograron construir los acuerdos necesarios y no explicaron con claridad los alcances de la propuesta; “es evidente que un proyecto político de esta envergadura es muy difícil de promover para un partido y en este caso el de Gobierno, pero en general para que una fuerza política logre avanzar se debe de realizar un proyecto compartido y ser más puntuales”.

A criterio del analista, esto ha pasado con varias propuestas de reforma para modernizar las instituciones del Estado que tratan de ser integrales, pero en la ambición de abarcar todos los temas importantes se encuentran con dificultades para poder atender con precisión los aspectos que son urgentes.

REFORMAS MAL PLANTEADAS

Rodolfo Rohrmoser, abogado constitucionalista, indica que las propuestas de reformas constitucionales se encontraban mal planteadas y fueron presentadas en una forma inadecuada, por lo que varios sectores opinaron en contra. Además, oficialmente la propuesta no fue retirada, pero sí fue desacreditada por el Presidente cuando ya no insistió con su iniciativa.

Rohrmoser indica que no se puede pensar que este tema avance, pues no hay un proyecto que satisfaga a la ciudadanía en general. “Nadie ha planteado un proyecto que satisfaga los intereses de la gran mayoría, que es de lo que se trata con estos temas”, expone el jurista. Ninguna reforma planteaba un beneficio al bien común, todo era particular, para gobernar mejor o situaciones que no le interesaban a la colectividad, añade.

Según el abogado, el planteamiento de las reformas constitucionales parecieran más cortinas de humo para dejar de atender otros temas importantes como la pobreza, violencia y corrupción, que tienen un impacto severo sobre la vida cotidiana de los guatemaltecos.

“Fue igual con el planteamiento de la despenalización de las drogas, porque por ejemplo, siguen utilizando los fideicomisos sabiendo que son inconstitucionales y se pretende que a la Contraloría, que de por sí es ineficiente, se le limiten funciones, lo cual es absurdo”, dice.

DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), indica que en la iniciativa de despenalización de las drogas está ausente una iniciativa específica de discusión nacional, ya que solo hay unos esbozos de propuestas de parte del Gobierno que solo se anunciaron a nivel internacional.

Asturias señala que esto da la idea de que se trata de una estrategia de imagen, más que una política o una acción interna con relación a una política alternativa a las drogas. “Lo que vemos internamente en la práctica, es que se sigue haciendo lo mismo, no hay una variante en ningún sentido, utilizando las mismas forma y métodos, las mismas unidades para combatir el narcotráfico y teniendo el mismo fracaso de siempre”, indica.

“Aquí lo preocupante es que en este año y el anterior hay una reducción dramática de decomisos de droga, porque evidentemente cualquier cosa que esté realizando el Gobierno lo está haciendo mal, lo cual muestra que es deficiente la estrategia para combatir las drogas”, cuestiona el analista.

A criterio de Asturias, las propuestas de reformas son discursos para crear una imagen en el exterior y prácticas obsoletas internas que están condenadas al fracaso; además dice que hay carencias en cuanto a políticas específicas y claras en el tema, pero además hay un discurso que se da en el exterior para ganar una imagen, aunque internamente se sigue haciendo lo mismo de siempre.

Según el analista el planteamiento de la despenalización de las drogas no es una estrategia ni una política, e insiste en que es más un refuerzo para mejorar la imagen del Presidente a nivel exterior: “El fracaso es que cada vez menos esa imagen o esa estrategia de imagen esté dando resultado, porque lo que se está viendo es que ni hay una estrategia alternativa implementada ni tampoco hay resultados”.

SUICIDIO POLÍTICO

Entre tanto Iduvina Hernández, de la organización Seguridad Democrática (SEDEM), señala que la propuesta de la despenalización de las drogas resulta siendo un “globo” como muchas de las cosas que ha hecho este Gobierno, utilizando grandes propuestas de propaganda que generan publicidad y difusión, “una llamarada de tusas” pero que en el fondo no responden a una política real.

Hernández indica que la despenalización es “un suicidio político, porque lanzaron el tema pero no se hizo nada” aunque “tuvo sus frutos positivos, porque mientras mantuvo la propuesta, cosechó flores en el ámbito internacional democrático”.

La activista dice que el tema no tuvo una discusión porque nunca prevaleció la intención de impulsar la propuesta con seriedad. “Aquí nunca hubo la intención de realizar algo en serio, solo fue un recurso propagandístico”, puntualiza.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el canciller Fernando Carrera y el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, no respondieron a las llamadas de La Hora para conocer su postura.