Guatemala requiere de un cambio en su mecanismo de liderar al país, eso es indudable. Durante años se ha criticado al sistema electoral, indicando que no permite una verdadera representación, y por el contrario, se persiguen reformas que muchas veces han empeorado los momentos críticos del país, razón por la cual existe mucha incertidumbre e incredulidad en alcanzar verdaderamente algo distinto.
Pero el mecanismo electoral poco puede ser cambiado si dos fundamentales elementos no se atienden previamente: el cambio del sistema político per se, y una novación de quienes durante décadas han contaminado al Estado con sus malas decisiones y corruptas acciones.
Porque si la pretendida reforma electoral se consolida de la forma en que se propone por algunos grupos políticos, de sociedad civil e inclusive académicos, se tendrá un poco más de lo mismo, es decir normas nuevas, sin profundidad y con muchas justificaciones para no lograr su objetivo, principalmente porque las acciones operativas de la reforma dependerán de esos dos aspectos, del sector político como tal, debiendo modificar su estructura actual que se identifica nefastamente como la creación de partidos políticos sin ideología o inclusive estrategia, pero con financiamiento muchas veces de dudosa procedencia, o bien comprometido para el posterior ejercicio del poder. Ese simple hecho, que es el centro del sistema perverso del mecanismo electoral, supuestamente representativo, evita que los partidos políticos se conviertan en verdaderos interlocutores de los ciudadanos, y que además, promuevan la efectividad de la institucionalidad, y el cumplimiento del estado de derecho, que tanta falta hace en el país. Además de ello, a los ciudadanos que deseen, quieran o demuestren por capacidades o habilidades que su servicio hacia el Estado puede ser valioso, deben limitarse a observar desde afuera, o bien a contaminarse de dicho sistema poniendo en entredicho su nombre y casi siempre su patrimonio. Prepararse para ser político ya no requiere de estudio ni de capacitación, sino de una chequera o un padrino.
La primera parte de ese esfuerzo, que significa alcanzar no solo cambios normativos a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sino a una institucionalidad que encabeza el Tribunal Supremo Electoral y que durante mucho tiempo se le ha cuestionado su rango superior en materia de elecciones, al judicializar los candidatos sus derechos a ser electos, y el ya conocido silencio del órgano rector. También debe alcanzarse un mecanismo efectivo para que la Contraloría General de Cuentas pueda detener a todos aquellos funcionarios públicos que deseen reelegirse y cuyos reparos constituyan un verdadero alertivo sobre la conducta técnica y moral de un servidor público. Y la institucionalidad propia de los partidos políticos es la primera y gran meta. No se puede mejorar consistentemente los elementos democráticos de un país con un sistema partidario tan débil y que se encuentra vulnerable a cacicazgos o fuentes financieras, en lugar de estadistas y líderes con suficiente visión y amor de país, que no haga falta más que una población incentivada y comprometida para alcanzar poco a poco sus resultados.
Y el actor que participa en este proceso, bajo este sistema y con un antecedente cíclico conocido, además de ser rechazado por la población, debe entender que su misión ha concluido y que debe permitir a nuevos ciudadanos y ciudadanas la participación y aporte al Estado, situación que debe ser promovida mediante el estímulo de capacidades, habilidades y actitudes de nuevas personas, quienes sin discriminación alguna, puedan alcanzar un proceso de participación, con cuotas si así se requiere para darle el empujón necesario, pero que actualmente se convierte en un gran reto y sin muchas posibilidades de éxito.
El ejercicio del poder tiene como premisa más importante el hecho de ser alternativo, lo que facilita que la representación, segunda premisa más valiosa del sistema político, se alcance, y por lógica consecuencia que el servidor público sea eficiente en su accionar, ganándose el reconocimiento de la población. La reforma entonces, será un verdadero cambio al sistema político nacional.