El Parlamento iraní votó hoy una ley para que el gobierno «acelere el programa nuclear y revise la cooperación» con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), como respuesta a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de imponer sanciones a Irán.
Los diputados aprobaron primero el principio de la ley y, después, su contenido, por una amplia mayoría de más de 160 parlamentarios entre los 203 presentes.
El texto estipula que el «gobierno tiene el deber, tras el voto de la resolución 1737 (del Consejo de Seguridad de la ONU), de acelerar el programa nuclear y revisar la cooperación con la AIEA».
El Consejo de Guardianes de la Constitución dio luz verde a la iniciativa inmediatamente después.
De todas formas, será el gobierno quien decida la forma en que debe replantearse su colaboración con la Agencia de la ONU, según el texto.
«Hay que dejar a los responsables ejecutivos la interpretación de este texto, es decir, al ministerio de Relaciones Exteriores y al Consejo Supremo de Seguridad Nacional», declaró el viceministro de esa cartera, Hami Reza Assefi, quien en nombre del gobierno defendió la ley ante los diputados.
El presidente del Parlamento, Gholam-Ali Hadad-Adel, explicó por su parte que el texto deja en manos del gobierno salir o no del Tratado de No Proliferación nuclear (TNP), pero declaró que por ahora Irán «no tiene intención de abandonar» el TNP ni a la AIEA.
«Dejamos las manos libres al gobierno para que tome las decisiones», señaló Hadad Adel, quien abogó por «reaccionar conforme a las presiones internacionales».
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el sábado la resolución 1737, que prevé sanciones contra los programas nuclear y balístico de Irán por su negativa a suspender su enriquecimiento de uranio.
Un diputado conservador, Ebrahim Karjaneie, estimó que «ningún país renuncia a sus derechos legítimos bajo las amenazas».
En cambio, un parlamentario reformista, Nurredin Pirmoazen, lanzó en vano un llamamiento a la moderación al juzgar que el «rechazo de la resolución significa que habrá una resolución todavía más dura en dos meses».
«Hay que dejar que la diplomacia trate de tender puentes con otros países con el fin de disminuir las tensiones», agregó.
Otros representantes intentaron sin éxito someter a votación una enmienda a la ley para trasladar el dossier nuclear al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dirigido por Ali Larijani, considerado una figura de talante más moderado que el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad.
Por decisión del Consejo de Seguridad, el director general de la AIEA, Mohamed ElBaradei, informará en un plazo de 60 días a partir del sábado sobre si Irán acató la exigencia de suspender su enriquecimiento.
La República islámica mantiene sin embargo su postura desafiante y el martes adelantó que en febrero iniciará su primera etapa de producción de combustible nuclear para fines industriales.
El jefe de la diplomacia, Manuchehr Mottaki, declaró el martes en una sesión a puerta cerrada del parlamento que su gobierno «había preparado la puesta en servicio de 3 mil centrifugadoras» y que «la noticia» sería anunciada «pronto públicamente», según un diputado conservador.
Irán sostiene que sus actividades de enriquecimiento de uranio persiguen objetivos civiles para producir electricidad, mientras que las grandes potencias sospechan que los iraníes buscan en realidad obtener la bomba atómica.