Del otro lado, al teléfono, se encuentra una persona de voz grave e intimidante, que exige una fuerte suma de dinero y la cooperación de su ví­ctima a cambio de no hacerle daño a su familia. Se sabe qué quiere y cómo lo consigue, pero resulta muy difí­cil conocer su identidad. Esto porque todaví­a hay muchos vací­os en las investigaciones que se realizan en este campo, aunque cada vez trascienden más detalles de las personas que están detrás de estos hechos criminales. ¿Son pandilleros? Sí­, pero las autoridades creen que aún hay más personas y organizaciones involucradas.

Las denuncias ciudadanas sobre casos de extorsiones llegan mensualmente por cientos a la Unidad Nacional Contra el Desarrollo de las Pandillas (Panda), de la Policí­a Nacional Civil (PNC), en donde los investigadores cada vez consiguen más pistas e informaciones con las que han logrado precisar algunas conclusiones sobre la identidad de los autores de ese tipo de hechos.
 
Desde enero de 2011 hasta los primeros dí­as de este mes, la PNC habí­a recibido 4 mil 855 denuncias por extorsiones en el paí­s; en diferentes casos se han estudiado las declaraciones de las ví­ctimas, llamadas telefónicas y mensajes de texto, cartas intimidatorias, pictogramas pintados en las propiedades de los extorsionados, entre otras evidencias que sirven para explicar el fenómeno.
 
Con una gran cantidad de esa información depurada, las autoridades han confirmado que los grupos de pandillas -con operadores dentro y fuera de las prisiones- conforman sólidas estructuras criminales dedicadas a la extorsión, pero también han descubierto que existen otros grupos involucrados en estos hechos ilí­citos, que son ajenos a las “maras”, pero no por ello son menos peligrosos y amenazantes.
 
ESTRUCTURAS
 
De acuerdo con Panda, en el caso de las pandillas, los hechos delictivos se planifican desde las prisiones, donde se encuentran los lí­deres de esas organizaciones criminales; particularmente, los más fuertes están ubicados en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18 y El Boquerón, en Santa Rosa. Desde allí­ mantienen comunicación constante con las células que trabajan afuera, encargadas de intimidar con comunicaciones, amedrentar con hechos violentos y exigir dinero a los ciudadanos de acuerdo a las exigencias y planes de sus jefes.
Se caracterizan por el acceso que tienen a las armas de fuego y explosivos, así­ como comunicación sofisticada a través de radios y teléfonos celulares.  En la prisión se ha comprobado por los hallazgos en las requisas, que disponen de internet y computadoras portátiles.
 
Exigen que el dinero de la extorsión se deposite en los bancos del sistema, principalmente por transferencias o depósitos monetarios.  Para continuar extorsionando -cuando sus subalternos no son capaces de hacerlo bien- exigen recargas telefónicas bajo amenazas o fingiendo falsas promociones.
 
Las gavillas extorsionan a negocios y hogares, investigan los ingresos que pueden percibir en cada caso y exigen fuertes cantidades de dinero.  En ocasiones inician chantajeando con “una colaboración”, si no logran convencer a la ví­ctima dicen que van a tomar “otras medidas”.
 
Sus comunicaciones suelen ser agresivas, amenazantes y puntuales. En algunos casos, incluso, han llegado a marcar las puertas de las viviendas que se encuentran bajo su dominio, lo que además de ser una forma de control, es una señal de intimidación social
 
NUEVOS ACTORES
 
Paralela a la actividad de las pandillas, pero de forma independiente, otros actores participan como victimarios en el “negocio” de las extorsiones, según las informaciones de la Policí­a. En este campo, las investigaciones conducen a la identificación de dos subgrupos.
 
El primero está integrado por convictos recluidos en las Granja Penal Canadá, en Escuintla y Cantel, en Quetzaltenango; estos son privados de libertad acusados por diferentes delitos, con menor capacidad de organización que las pandillas, pero igualmente peligrosos.  
 
Utilizan guí­as telefónicas para elegir a sus ví­ctimas, entre particulares y negocios; además tienen la colaboración de sus familiares y contactos en el exterior, y utilizan cuentas bancarias para exigir las extorsiones.
 
En el segundo subgrupo se mencionan a personas totalmente ajenas a las pandillas y estructuras criminales. Se trata de organizaciones pequeñas que únicamente buscan amedrentar a las ví­ctimas y obtener dinero fácil, exigiendo dinero con falsas amenazas.
 
Uno de estos grupos intentó extorsionar en Ciudad Del Sol, Villa Nueva, aprovechando que las clicas de este lugar tienen el control del territorio y los vecinos acceden con facilidad a cumplir con las amenazas que provienen de los extorsionistas.
 
Esos delincuentes dejaron notas fingiendo ser pandilleros, “insultaron” a las ví­ctimas, empleando repetidas veces una misma palabra en toda la nota; no se identificaron con algún número ni sí­mbolo, tampoco utilizaron la mí­stica de las células criminales.
 
Ni siquiera se comunicaron ví­a telefónica con los vecinos de Ciudad Del Sol, porque temí­an ser descubiertos; en cambio dejaron un número telefónico en el que nadie contestó porque ya sospechaban que eran investigados.
 
La Policí­a señala que se trata de grupos que quieren sacar ventaja de la situación de inseguridad, para cobrar una extorsión en los vecindarios.
 
DENUNCIAS
 
Según estadí­sticas internas de la PNC se estima que diariamente son extorsionadas cerca de 10 ví­ctimas, entre dueños de empresas, familias o pequeños negocios.
 
Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), cree que este es un subregistro, porque la denuncia es un proceso que todaví­a no está bien reforzado.
 
“El nivel de desconfianza en las autoridades, la falta de confiabilidad en que una denuncia sea anónima y se proteja a quien la hace, es un proceso que aún está muy debilitado, definitivamente si hay un registro de los verdaderos hechos que se establecen”, dice.
 
A decir del entrevistado, la denuncia es el camino que deben tomar los ciudadanos para esclarecer estas situaciones, pero también las autoridades deben asumir el papel que les corresponde.
 
“La cultura de la denuncia se la deben ganar las autoridades a partir de que no se quede muerto el denunciante y se investigue, es un desafí­o para el sistema, y los ciudadanos tienen que presionar a las autoridades para que cumplan”, destacó.
 
Con las denuncias y el seguimiento a las investigaciones se ha conseguido desarticular algunos grupos criminales, pero aún hace falta mucho para contrarrestar esa amenaza.
 
Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario (SP), refiere que la institución ha logrado contrarrestar el flagelo de las extorsiones que se comete desde las prisiones, a través de las requisas sorpresivas, los registros a los visitantes y verificación del personal que pueda participar en estos actos fuera de la ley.
 
Sin embargo, las denuncias evidencian lo contrario, pues cientos de personas acuden y llaman a la Policí­a para solicitar ayuda en casos de extorsión; se cree, incluso, que el 80 por ciento de las extorsiones provienen de los centros carcelarios, ante la inoperancia de los sistemas bloqueadores de señal celular.
 
“En relación a la falta de funcionamiento de los bloqueadores de señal, está en un procedimiento jurí­dico que hace más de un año  se está dilucidando, el SP en su momento denunció el mal funcionamiento del equipo y ahora es un proceso jurí­dico, el SP continúa con el esfuerzo en los centros carcelarios, el equipo humano tanto del Sistema como de las instituciones que nos apoyan», dijo el portavoz.
 
Según el funcionario, en 2011 se han interpuesto 134 denuncias penales, que involucran a 1492 personas privadas de libertad, 2 abogados y 51 miembros del SP.