No queremos que termine la semana sin que en el Gobierno alguien sea designado como responsable directo para ejecutar, con plazo definido, la necesaria reforma de la normativa que regula la prestación del servicio público de transporte extraurbano y de quien en la Municipalidad tenga a su cargo armonizar las disposiciones para asegurar que todos los pasajeros tendrán el beneficio de un servicio eficiente, seguro y con el precio más razonable.

Consideramos indispensable que las autoridades asuman su responsabilidad porque es costumbre que tras un percance fatal como el que ocurrió esta semana, se rasguen muchísimas vestiduras y se señalen las graves deficiencias de nuestro marco regulatorio del transporte público de pasajeros, sin que al final se haga absolutamente nada para corregir los problemas y plantear soluciones. Cuando vuelva a darse otro percance, se repetirá la misma letanía y se volverán a esgrimir los mismos argumentos y lloriqueos efímeros por las víctimas, pero es tiempo que se ponga en evidencia la enorme responsabilidad, moral y legal, de quienes tienen la obligación de definir un reglamento efectivo que sancione severamente las infracciones que comprometen la seguridad del tránsito.
 
 Porque Guatemala más que el país de la Eterna Primavera es el país de la Eterna Impunidad en donde nadie se hace responsable de nada y la vida humana tiene un valor mínimo. La impunidad no se nota únicamente en temas como la cantidad de homicidios que nos hunden en la sensación de permanente inseguridad, ni en la rampante corrupción que empobrece más a nuestro pueblo, sino también en esa falta de control de la seguridad vial que se traduce en muertes que no se pueden calificar sino como estúpidas porque se trata de un sacrificio humano impuesto por la voraz actitud de quienes viven del negocio del transporte y llegan a extremos en su ambición que ponen en riesgo de muerte a miles de personas.
 
 El cómplice silencio de las autoridades a la hora de tomar decisiones para implementar normas que se conviertan en draconiano castigo de quienes violentan las disposiciones legales o reglamentarias que regulan la prestación de ese servicio básico, el del transporte de pasajeros, es inaceptable y nos debe forzar a los ciudadanos a ser exigentes para que termine la complacencia derivada del tráfico de influencias que hay entre funcionarios y los mal llamados empresarios del transporte que en realidad no pasan de ser dueños de unidades, porque para ser empresario hace falta mucho más que poseer los bienes. Reiteramos nuestra exigencia de que el Ministro de Comunicaciones abandone el discurso para pasar a la acción y emprender la reforma del sistema actual.

Minutero:
Mientras prenden las antorchas 
en fervor nacionalista 
va creciendo larga lista 
de los que se muestran cual chorchas