Nunca antes en la historia del país se había propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo un presupuesto que sobrepasara los Q67 mil millones. Ningún Ministerio puede pretender decir que no tiene aprobados más ingresos que en los últimos diez años.

Lamentablemente, el presupuesto fue aprobado en menos de 90 minutos, nunca su aprobación había sido de urgencia nacional, ni el monto del Listado Geográfico había llegado a tener la enorme cantidad que contiene, tampoco se había dado el caso que Q1 mil 500 millardos fueran las aportaciones que recibirían las Organizaciones No Gubernamentales, algunas sí se conoce su actuación pero muchas otras son entidades sin trascendencia y con vínculos con personas individuales, destacando numerosos diputados.
Aun así son varias las entidades del sector público que están insatisfechas, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Medrano no le satisface el aporte adicional recibido, considera que se le debería haber asignado otros Q600 millones. La Universidad de San Carlos hace constar que le faltan Q150 millones para no trabajar con déficit, el Ministerio Público desea más presupuesto, por otra parte el sector empresarial no ha comentado al respecto, evidencia su intimidad con el Ejecutivo y Legislativo que lo apoyan y lo complacen más que en ninguna otra época en la historia.

En cuanto a los contribuyentes y a los programas sociales que se los lleve el diablo, no solo son insuficientes sino totalmente clientelares, ningún programa y ningún beneficiario los recibe si no es condicionando y pagando peaje; por consiguiente, continúan siendo de gran beneficio para el partido, los diputados y dirigentes que los controlan y los ordeñan.

Cuál habrá sido el procedimiento con el que se analizó y se aprobaron las partidas correspondientes a las obras del Listado Geográfico, ¿Con el método de “quién quilete” o con el sistema de “yo machete”?

Adicionalmente, cumpliendo con los acuerdos y beneficios establecidos a partir de la votación donde se aprobó la integración de la nueva junta directiva  del año 2013, como lo decidiera el Presidente y Vicepresidenta de la República, viene la aprobación de Q3 mil 500 millones de bonos para que el Ministerio de Comunicaciones, que encabeza el excandidato a alcalde Alejandro Sinibaldi, pueda cancelar y negociar la obra pública de arrastre que en anteriores gobiernos se otorgó de manera ilícita, alguna de la cual se hizo y otra brilla por su ausencia.
Son varias las preguntas que todo lo acontecido conlleva 1) ¿Qué opina la comunidad internacional al respecto?, 2) ¿Cuál es la evaluación y actitud que los organismos internacionales tomarán en el tema y si la mantendrán privada o pública?, 3) ¿Qué hará al respecto la Contraloría General de Cuentas de la Nación?, 4) ¿Por qué la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala no evalúa y públicamente opina sobre el presupuesto, sus diferentes partidas y los Q3 mil 500 millones de bonos para pago de una deuda de arrastre?, 5) ¿Por qué las universidades privadas también no se pronuncian al respecto?, 6) ¿Qué le pasa al CIEN, ASIES y demás tanques de análisis y pensamiento que permanecen como los tres monitos: no miran, no oyen y no hablan?, 7) Por  último, pero no por eso de último, ¿Por qué Cacif y las cámaras que lo integran no dicen ni pío, o es que no solo están de acuerdo sino que ya recibieron suficientes beneficios con el aumento de la canasta básica y de otros aspectos que los hace estar enroscados y callados?
¡Guatemala es primero!