Los pasados días de descanso me permitieron meditar sobre el tema del porqué de tanta concentración de riqueza y poder económico. De ahí que esté preguntando ¿quién realmente es el que manda para otorgar ventajas injustas, para mantener un control regulatorio absoluto, para conceder protecciones frente a competidores y establecer políticas públicas que en vez de favorecer a las mayorías, solo beneficia a determinados intereses? Ha llegado a tal punto la concentración de poder que 158 diputados se han convertido en monigotes, en arrastrados servidores de intereses que solo son utilizados para proteger privilegios, conservando los propios, aunque con ello tengan que exprimir más a los ciudadanos y amparar las decisiones de unos cuantos que sin ningún empacho pasan hasta sobre la misma Constitución.

Así vemos cómo la autonomía de aquellas entidades reconocidas por la misma les importa muy poco; se olvidan por completo que las leyes se hicieron para cumplirlas y no para evadirlas en cuanto sean estorbo para intereses espurios; comprando o adquiriendo servicios sin usar la licitación; que sin ningún recato se irrespete la Ley de Probidad y encima de ello, cualquier funcionario se sienta tan superior a ella que declare sin rubor que “no es el momento oportuno” para acatarla. ¡Válgame Dios, hasta dónde hemos llegado!

     Seguimos teniendo gobiernos que de lo que menos entienden son las aspiraciones de un pueblo que ansía vivir en un sistema democrático. Porque gobernar bajo ese sistema no es proteger intereses particulares otorgando concesiones monopolísticas, montadas por un testaferro ad hoc el mismo día en que empieza un largo período de descanso y después que hacía ocho meses se había firmado a espaldas de la población, porque si no se hacía así “se caía”, según manifestación del mismo primer mandatario un usufructo por 25 años de más de 384 mil metros cuadrados de nuestro territorio concedido a una empresa que solo Dios sabe cómo está constituida, pero sí blindada por aquellas entidades que se suponían servían para garantizar los intereses del pueblo, entre otras, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación y léase bien, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos.
    
     Otra pregunta: ¿qué debieran hacer entonces nuestros políticos para garantizar el libre juego democrático? Pues simple y sencillamente cambiar las reglas del juego para que en vez de seguir haciendo crecer el reducido grupo oligárquico de potentados económicos, se formaran muchos multimillonarios innovadores y creadores de fuentes de empleo y así poder ir reduciendo el número de gente que sigue esperando ansiosa la oportunidad de toda su vida, como ampliando paulatinamente el número de consumidores satisfechos. La mejor política para proteger a los migrantes no debiera seguir siendo solo la de poner hacia arriba las palmas de la mano ante el Presidente de turno norteamericano, sino el de hacer que los chapines no se fueran de su tierra porque aquí perdieron la esperanza.