Discrecionalidad en la contratación de personal, señalamientos por la compra de votos, transfuguismo, diputados “contratistas” del Estado, falta de representatividad del pueblo, faltas de respeto entre diputados en el hemiciclo, megáfono en medio de las sesiones, iniciativas de ley de interés nacional engavetadas y un organismo que se resiste a combatir la corrupción,

Son los elementos de una lista extensa de actitudes que describe a los congresistas, por lo que algunos se preguntan si existen límites para los llamados “padres de la patria”. ¿Es la depuración de ese organismo la alternativa?

Cada legislatura parece la misma historia. Las críticas son el pan de cada día para el Congreso de la República, debido al papel que realizan los diputados como representantes del pueblo.  Y es que pese a los señalamientos, la forma de actuar de los congresistas parece no tener límites.

Algunos capítulos protagonizados en el pleno han alcanzado tanta efervescencia que han concluido en denuncias en los tribunales de justicia, como el caso del diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que fue acusado de violencia contra la mujer.

Las críticas al parlamento no se reducen solo al comportamiento de algunos; la falta de información sobre el personal, el transfuguismo, el abuso en las interpelaciones, el uso discrecional de las cajas chicas, la compra de votos, falta de proyectos de ley de interés nacional son críticas de arrastre en todas las legislaturas.

De manera, que surge la pregunta ¿Existen límites para los congresistas? Algunos, como Marvin Flores de la organización Acción Ciudadana, consideran que los “diputados hacen lo que les da la gana”, ya que difícilmente se logra presionar para que su gestión sea transparente y brinden la representatividad al pueblo que los eligió.

Una de las primeras muestras de esta situación se da con la renuncia al partido que les permitió ocupar una curul. En lo que va del año, unos 40 diputados han cambiado de agrupación o bien han decidido declararse independientes, según los datos que muestra el portal de Internet del Congreso.

La agrupación más perjudicada este año con la fuga de diputados fue la UNE, que en menos de tres meses quedó con 10 parlamentarios.

Para el diputado Taracena, eso debe regularse de manera que los representantes permanezcan en sus agrupaciones al menos unos tres años. No obstante, él también fue un emigrante del Partido de Avanzada Nacional.

Hasta ahora, la propuesta para cambiar esa situación, radica en modificar la Ley Orgánica del Congreso, misma que no ha pasado de simples comentarios entre algunos diputados.

Mientras tanto, la Dirección Legislativa registra proyectos para mejorar la imagen de los diputados. Cuatro iniciativas están en lista de espera sin que hasta el momento hayan logrado avanzar; unos buscan modificaciones a la Ley de Probidad, mientras que otros buscan reformar la Ley Orgánica del Legislativo.

El único proyecto que ha logrado avanzar es la propuesta 3879, presentada por los diputados Virna López, Jorge Mario Barrios, Jaime Martínez y Manuel Barquín. La iniciativa fue aprobada en su primera lectura –de las tres que necesita para convertirse en ley– en el 2008.

La propuesta prohíbe a los diputados sacar provecho de su cargo para conseguir servicios especiales, nombramientos o beneficios personales a favor de familiares y amigos.

La prohibición también alcanza a ser contratista del Estado, y de sacar ventaja de los proyectos de ley que estén en trámite. Sin embargo, el proyecto está estancado sin que hasta el momento se muestre voluntad por retomarlo.

La Hora publicó el pasado 5 de marzo una nota en la que se informaba sobre anomalías en contratos adjudicados a empresas por la Cancillería durante la administración anterior. Posteriormente se informó que Cleanomatic, S. A., una de las empresas favorecidas por los contratos, cuenta entre sus socios a un diputado.

FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

Para Barquín, subjefe de bancada de la Gran Alianza Nacional (GANA), el trabajo del Congreso debe verse desde dos perspectivas: los procesos de transparencia y la fiscalización, a pesar de que ese mismo organismo tiene engavetadas todas las normas en pro de la transparencia.

En el primer caso considera que las actitudes éticas y morales las asume cada diputado, mientras que en el segundo punto, la Contraloría General de Cuentas es el ente encargado de fiscalizarlos. Por lo que tampoco es que no existan límites, y aunque reconoce que a veces hay excesos en la conducta de los diputados, el tema de crear un código de ética parlamentario es un tema que debe discutirse.

Algunos rechazan la regulación, así lo considera el diputado Julio López Villatoro, diputado de la UNE. “Reconozco que a veces algunos de mis compañeros se comportan de forma criticable, pero creo que no es suficiente para crear un código de ética”.

Considera que no se puede poner camisa de fuerza, ya que la Constitución de la República reconoce sus derechos como dignatarios de la nación: “Sería como tener una escuela muy estricta”.

Sin embargo, la regulación de la sociedad civil va más allá de improperios y faltas de respeto. El enriquecimiento ilícito, aprobar leyes a favor de ciertos grupos son algunos temas que deben legislarse.

Al momento, en la actual legislatura no se han registrado casos de diputados que pierdan su derecho de antejuicio y se sometan a procesos legales por violentar la ley, no faltan los comentarios en voz baja sobre algunos dignatarios vinculados al crimen organizado. O bien, del crecimiento repentino de su patrimonio, los señalamientos se quedan en comentarios de pasillos parlamentarios.

EL OJO DE LA LEY

Algunos diputados tuvieron que enfrentarse a la ley, luego de concluir su mandato. Varios señalamientos los puso en el ojo del huracán y algunos hasta fueron encarcelados por incurrir en ilícitos. Otros siguen batallando para salir librados de los delitos.

Manuel Castillo es uno de los condenados, luego de ser congresista y alcalde electo fue capturado señalado de participar en el asesinato de tres diputados salvadoreños. Al momento, purga una condena de 203 años.

Eduardo Meyer y Rubén Darío Morales, ambos concluyeron su período en el Legislativo; actualmente como ciudadanos enfrentan un proceso por la pérdida de Q82 millones cuando ocuparon la Presidencia del Parlamento.

Efraín Ríos Montt, se encuentra señalado de poner en marcha planes de contrainsurgencia durante la época del conflicto armado. Estos procesos se abrieron luego de dejar su investidura como dignatarios.