El Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) agilizó y modernizó la forma en que se registran todas las actuaciones judiciales de los casos que se conocen en el Organismo Judicial. Sin embargo, surgen dudas sobre su falta de controles y de auditoría de sistema.

Cada una de las páginas de un proceso penal está sujeta a un número, un folio, que en orden correlativo va contando la historia de un caso, ya sea del ramo penal, civil o de familia. Cada una de esas hojas compone el expediente judicial.

Y así como los expedientes de los médicos guardan la historia clínica de un paciente, los expedientes judiciales albergan cada una de las resoluciones que se emiten en un proceso legal.

En un paso de modernización, varios países crearon o adquirieron sistemas informáticos para implementar los expedientes electrónicos judiciales, un método virtual para registrar bajo un número específico cada uno de los expedientes que ingresan al sistema de justicia y cada una de las actuaciones procesales que en ellos suceda.

En el año 2004 Guatemala lanzó una licitación pública internacional para la adquisición de un sistema informático de gestión de expedientes judiciales, la base de datos y el código fuente en propiedad del Organismo Judicial de Guatemala.

Una empresa colombiana ganó el concurso y adecuó el sistema para el tipo de legislación guatemalteca. En el año 2006 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo implementó bajo el nombre Sistema de Gestión de Tribunales (SGT).

Ocho años después de la compra, la versión ha cambiado en un cien por ciento. Ronald Figueroa, director del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial (CIDEJ), explicó qué sucedió.

“Cuando empezamos en el 2006 en toda la materia prácticamente era escrito, hasta esta Corte (2009-2014) fue que se impulsó mucho más el modelo de Gestión por Audiencias. Se tuvieron que hacer muchas modificaciones en el sistema de parte del  Organismo Judicial, hacía un proceso oral completamente”, señaló.

La versión actual del SGT no se parece nada a la adquirida, porque la anterior fue creada para un sistema escrito y Guatemala utiliza la oralidad. De esa cuenta, en el programa pueden grabarse las audiencias, puede guardarse el audio, los procesos de notificación son electrónicos, entre otros.

A través del Acuerdo 20-2011, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció que es obligatorio el uso de la red del SGT en todos los órganos jurisdiccionales y centros de apoyo jurisdiccional de todas las materias e instancias del Organismo Judicial.

Esta le permite a los juzgados crear expedientes electrónicos jurisdiccionales, además, facilita la obtención de estadísticas judiciales electrónicas, “como herramienta indispensable en la planificación y proyección del desarrollo continuado el OJ”, señalaba el objetivo del magistrado Gabriel Medrano, quien desde su gestión como presidente del Organismo Judicial impulsó el proyecto.

A través de un acuerdo, la CJS creó CIDEJ, para apoyar la actividad jurisdiccional con la selección, ordenamiento, análisis y tratamiento, edición, publicación y difusión de información jurídica.

Por otro lado, el Centro de Información y Telecomunicaciones (CIT) es el responsable de la adecuada planificación, gestión y administración de los recursos informáticos del Organismo Judicial.

SEGURIDAD
Inevitablemente surge la duda respecto al nivel de seguridad del SGT. ¿Quiénes están detrás del programa? ¿Quiénes tienen acceso a la red? ¿Quiénes supervisan a aquellos con acceso a este sistema? ¿Pueden alterarse maliciosamente los expedientes judiciales electrónicos? ¿Pueden desaparecer los casos?

Figueroa dijo: “Ya me han hecho la pregunta antes, pero yo les digo que en todo el tiempo que llevó aquí nunca me han traído un caso con pruebas para que yo lo investigue”.

En el año 2011, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara, solicitó a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, que hiciera un diagnóstico del funcionamiento de Centro Administrativo de Gestión Penal (CAGP).

En Gestión Penal, por medio del SGT, el personal de la instancia se encargaba de recibir los memoriales iniciales y por medio de un sistema “aleatorio” asignaba el juzgado que conocería cada causa.

El método se prestaba para la corrupción, identificaron fuentes de la Corte, ya que es lugar propicio para la manipulación de los procesos, donde se tejen redes para hacer llegar casos a jueces específicos y donde se fuga la información.

De esa cuenta, la Cámara Penal emprendió un proyecto que buscaba despejar el Centro Administrativo de Gestión Penal, para hacerlo transparente y eficiente.

El proyecto de reestructuración no se logró implementar en un ciento por ciento debido a la resistencia de los sindicatos del OJ, que se negaban al traslado del personal de esa unidad.

Sin embargo, según la información, si se obtuvo limitar el acceso al SGT, en relación a la asignación de procesos y otras acciones con el fin de evitar la manipulación de los expedientes.

En dos reportajes publicados por Diario La  Hora, el 28 de noviembre de 2012, y el 13 de febrero de 2014, se expuso la situación de Gestión Penal, un lugar propicio para la corrupción, en buena medida por la ausencia de controles.

Helen Mack, directora de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y de la Fundación Myrna Mack, recordó la oposición que se encontró en Gestión Penal, para instalar cámaras como parte de los disuasivos contra la corrupción.

La entrevistada reconoció que la herramienta para la manipulación en los expedientes es el SGT.

“La idea era que se hiciera una distribución imparcial, ya que no se sabría a quién se le asignaría un caso, y eso era para agilizar, pero al final se convirtió en un foco de corrupción, porque cobraban para asignarle el caso a quien quisieran o para detener el proceso”, expuso.

También señaló que el propósito de la reestructuración era recuperar el sentido de Gestión Penal, y tener un sistema informático sólido; sin embargo, la falta de control lo imposibilitó.

“Desde que se empezó con el proceso de modernización de justicia se tenía que implementar un sistema en todo el sector judicial, y que hoy por hoy solo cuenta con él, el Ministerio Público, a través del SICOMP (Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público), precisamente para que fuera público y transparente, cosa que no se ha logrado porque obviamente ataca el tema de la transparencia y la corrupción”, enfatizó.

Mack concluyó con hay intereses para beneficiar a abogados litigantes por medio de la corrupción en Gestión Penal y la manipulación del Sistema de Gestión de Tribunales, la red informática que alberga los casos en el Organismo Judicial.

Por su parte, Figueroa, director de CIDEJ, señaló: “Cada vez se ha ido cerrando más las brechas en temas de seguridad para evitar eso”.

CONTROL
En tanto, lo que afirmó Figueroa fue que la seguridad en la red del SGT es controlada por el CIT y  CIDEJ, a través de tres niveles.

“Sí una persona no es empleada del Organismo Judicial no se le crea usuario de red. Tampoco si no está en el área judicial, y por último a nivel del puesto de la persona que accede al programa”, explica.

Por ejemplo, una persona que trabaja en el área administrativa puede tener usuario en el SGT, pero dice Figueroa que eso no significa que tenga acceso a todos los rincones del Sistema.

El caso está determinado al rol que el usuario desempeña en la tramitación de un expediente, dependiendo del área judicial a dónde está asignado, señaló.

Sin embargo, al menos 98 personas tienen acceso total. Según un reporte del Departamento de Recursos Humanos del OJ, esa cantidad de empleados labora en el CIT y CIDEJ, lugares donde Figueroa afirmó, se controla toda la base de datos del SGT.

“En realidad solo los administradores de la base de datos, que corresponden al centro de informática (tienen acceso). Nosotros somos los que administramos el Sistema. No sé si está enterada que ahora hay dos unidades dentro del Organismo Judicial, el Centro de Informática que se encarga de todo lo tecnológico y el CIDEJ, donde soy el Director, que se encarga de las estadísticas judiciales y del SGT”, indicó.

El entrevistado subrayó que las personas que laboran en dichos Centros tienen acceso para la administración del Sistema, pero acceso “general”, “nosotros no podemos entrar a ver los expedientes del juzgado, sino que únicamente podemos  hacer la consulta de información general y ver desde la base los expedientes, pero no los documentos, sino únicamente ver si el expediente se encuentra allí o si ya fue trasladado de juzgado”.

Consultado sobre las medidas de seguridad que se toman sobre las personas con “acceso total”, es decir los administradores, Figueroa señaló que “todos tienen sus usuarios tanto de red como de sistema y se registra en la misma red todas sus bitácoras, para identificar en todo momento qué tipo de consultas o accesos han realizado.

¿Quiénes supervisan las bitácoras? “Hay distintos roles y jerarquías dentro de mi Unidad, hay coordinadores del área penal, civil, laboral, un encargado de la parametrización de la investigación para verificar si existe la manipulación de un expediente”, respondió.

Se le consultó si los magistrados de la CSJ supervisan lo que hacen en el sistema esos coordinadores y parametrizadores, pero dijo que no. En sistemas de este tipo, los movimientos que realizan los controladores de las bases de datos no quedan registrados, ya que no tienen acceso al mismo por medio de un usuario.

¿ANOMALÍAS O SIMPLES ERRORES?
En algunos casos de alto impacto han ocurrido anomalías con el SGT, que aunque podrían ser “errores”, despertaron dudas entre las personas que fueron parte de los procesos.

Por ejemplo, en el caso conocido como Xalapán, donde comunitarios de Jalapa fueron ligados a proceso por la retención de varios agentes policiales, el audio de la declaración de los oficiales se perdió.

Dichas declaraciones fueron la base para que el juzgado Primero A de Mayor Riesgo girará 18 órdenes de captura contra dirigentes comunitarios de Xalapán. 

En el proceso por la desaparición de Cristina Siekavizza, la jueza Verónica Galicia, informó que dos empleados del SGT revisaron la computadora de la sala de Audiencias donde se encontraba el audio de la primera declaración de Petrona Olga Say Velásquez.

Según una nota publicada en ElPeriódico el 12 de agosto de 2012, Ronald Figueroa, como director de Informática, señaló que el hecho únicamente se trataba de una revisión de rutina, sin embargo, la declaración de la testigo, se filtró.

En una de las audiencias del debate por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, se fue la luz, y por ende el sistema de audio, administrado por el SGT, se cayó.

La jueza Yassmin Barrios ordenó a los técnicos que controlaran la situación y llevaran el control, pero posteriormente se supo que una parte de la audiencia no quedó grabada.

Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), señala que la situación fue vista como un error derivado de la falta de energía eléctrica, y que se logró subsanar.

Sin embargo, sí recuerda una situación en la que considera, hubo “mano de mono”. El 18 de abril de 2013, en la Sala de Vistas de la CSJ, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, continuaría una de las audiencias del caso por genocidio.

Para ese se día también estaba agendada una diligencia en el juzgado Primero A de Mayor Riesgo, a cargo de Carol Patricia Flores.

En la Sala de Vistas, dice Reyes, los micrófonos de los jueces no funcionaban. Tampoco los de los querellantes y el Ministerio Público, por lo que el inicio de la audiencia se retrasó aproximadamente una hora y media.

Reyes recuerda bien ese día porque fue cuando los abogados de Ríos Montt le insistieron a la jueza Barrios que suspendiera la audiencia hasta que se conociera la resolución de Flores.

Ante la negativa Barrios, el abogado César Calderón habló por el resto defensores y anunció que se declaraban en “resistencia pacífica”, y abandonaron el lugar. Por la tarde se conoció el fallo de Flores, que retrotrajo el caso hasta noviembre de 2011.

Reyes considera que “hubo mano de mono” en el manejo del sistema de audio, porque los abogados querían “ganar tiempo” y que no se continuará diligenciando el debate para que Flores anulara el juicio. En efecto, el juicio fue anulado.

REDISEÑO
Por medio del Boletín Informativo 1-2013, la Cámara Penal dio a conocer que impulsaba el rediseño del Sistema de Gestión de Tribunales.

Para el efecto, en ese momento se instaló una mesa técnica operativa de Fortalecimiento a Estadísticas Judiciales, con el objeto de discutir y acompañar el diseño de la modificación para la plataforma del sistema informático SGT, denominado para este caso SGTPenal.

“El objetivo general de las reuniones es dotar a los órganos jurisdiccionales penales de un sistema de soporte informático que responda a las necesidades propias del sistema de gestión penal por audiencias y sea capaz de brindar estadísticas confiables”, rezaba el boletín.

Esto se llevaría a cabo mediante la revisión del diseño técnico para la plataforma del sistema denominado SGTPenal, de los módulos contenidos en el “Documento de soporte técnico-jurídico: para la actualización del sistema informático SGTpenal”

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordina el proyecto.

Se intentó conocer más del proyecto del SGTPenal, respecto a las fallas que se detectaron y que motivaron la creación de un nuevo sistema; sin embargo, para la fecha de terminación de este reportaje no fue posible obtener una respuesta porque personeros de PNUD requerían autorización de Héctor Maldonado, presidente de la Cámara Penal del CSJ, para emitir cualquier pronunciamiento.