Ayer el presidente Pérez Molina insistió en que se tiene que pagar la deuda flotante y que enviará el proyecto de bonos al Congreso, pero que una vez cumplido ese trámite, denunciará a los funcionarios que contrajeron la deuda sin la existencia de provisión presupuestaria para las obras. En realidad, mientras no se pruebe que los contratistas fueron engañados por los funcionarios y con ello demuestren haber actuado de buena fe, no procede el pago y de esa cuenta es fundamental que se proceda legalmente para deducir la responsabilidad correspondiente.

En todo caso, junto a la responsabilidad penal se debe exigir el pago de responsabilidades civiles y serían en todo caso los funcionarios los que tendrían que pagar a los contratistas. En estricto sentido del derecho es lo que procede porque no existe fundamento legal para justificar el pago de obras que fueron contratadas sin la preexistencia legalmente requerida de una partida o asignación en el Presupuesto General de la Nación.

Así como diligentemente el Ministerio de Comunicaciones preparó la lista de los acreedores que serviría para los pagos que no corresponde, vale la pena que de toda la deuda flotante se haga un detallado análisis para dar a conocer quiénes fueron los funcionarios públicos que la contrajeron, puesto que incurrieron sin duda alguna en el delito de malversación de fondos públicos al utilizar recursos del Estado para fines que no estaban respaldados por la necesaria aprobación en el Congreso de la República del Presupuesto de la nación.

Los contratistas tendrían que estar demandando a los funcionarios con quienes pactaron el negocio en vez de reclamar al Estado porque ni legal ni moralmente puede hablarse de honrar una deuda que tiene un origen espurio e ilícito.

Desafortunadamente los guatemaltecos no nos interesamos en la gestión de la cosa pública y ni siquiera ante la perspectiva de que nos endosen el pago de más de tres mil millones de quetzales, cuenta que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, nos quedamos como si tal cosa. No es posible que todo un pueblo se haga el baboso a la hora de que le estén cargando un pago cuya legalidad ni siquiera se puede discutir porque es obvia la corrupción existente.

No podemos seguir siendo el país del borrón y cuenta nueva que ofrece el Gobierno al decir que pondrán la casa en orden para que no se repita lo de la deuda flotante. La única forma de asegurar que nunca se repita, es no pagando lo que no corresponde. Así los contratistas aprenderán a no hacer obra sin asignación presupuestaria. Y castigar a los funcionarios que contrajeron la deuda, para que ningún otro pícaro haga lo mismo.

Minutero:
El que pagó los contratos
que le pague al contratista;
para descubrir sucios tratos
basta seguirles la pista