No cabe argumento en contra del señalamiento de que la deuda flotante es ilegal porque no había asignación presupuestaria para que fuera contratada, por más que ni la Contraloría de Cuentas ni el Ministerio Público accionen por el peculado en que incurrieron los funcionarios que asumieron el compromiso de firmar los contratos o de ordenar la ejecución de obras en esas condiciones.

Pero es fundamental que sepamos quién contrajo la obligación y el Gobierno está en deuda con la población al no informar detalladamente sobre los contratistas que están cobrando, la obra realizada y quién fue el funcionario público que contra las normas y leyes relacionadas con el presupuesto decidieron darle luz verde a proyectos para los que ni siquiera se dispuso un “espacio presupuestario”, eufemismo inventado en tiempos de Colom para justificar el desorden financiero con las constantes transferencias en el presupuesto.
 
 El Presupuesto es el instrumento por medio del cual el Ejecutivo propone una previsión de ingresos y un plan de gastos que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República para cobrar validez. Pero como en Guatemala todo el mundo se ríe de las normas legales y de su contenido, resulta que se contratan obras aun sin asignación y se hacen transferencias que hacen que la ejecución sea un remedo, una caricatura, de lo que aprobaron los diputados en su momento.
 
 El delito de malversación es utilizar los fondos públicos para fines distintos a los que tenían en el Presupuesto y cuando se contrata obra no presupuestada se incurre en malversación de fondos públicos. Malversa los fondos tanto el funcionario que contrata la obra como quien la paga y hace uso de los dineros del Estado para pagos ilegales.
 
 Por lo tanto, en el afán de promover el inexistente estado de Derecho en un país donde la legalidad es irrespetada por todos, conviene que se haga énfasis en que al menos tenemos el derecho de saber quiénes fueron los ministros que hicieron ese pago ilegal. Por decreto no se puede honrar una deuda que no es honrada, que no es decente y que surge de maniobras y trinquetes entre contratistas y funcionarios.
 
 Los guatemaltecos estaríamos perdidos si estuviéramos participando el viejo y olvidado de “¿Mató coche tu tata?” porque no nos despabilamos ni siquiera frente a la evidencia abrumadora de que está pactado el saqueo del país mediante maniobras que vulneran de manera burda la ley. Demandamos que se ofrezcan detalladamente las características de la deuda y sus responsables para que al menos la vindicta pública (que aquí no es gran cosa), pese sobre ellos.

Minutero:

La maniobra en el Congreso 
cayó al fin por su propio peso; 
no hay estado de Excepción 
si se pasa a comisión