Como consecuencia del fuerte temblor de esta semana, que nuevamente afectó a San Marcos, una niña murió cuando el cielo falso del hospital de la localidad cayó por el sismo. Pero hay que decir que ese mismo cielo falso había caído también hace casi dos años cuando se produjo el terremoto que causó seria destrucción en San Marcos y fue colocado nuevamente como parte de la deplorable “reconstrucción” que ha estado a cargo de entidades de gobierno.

Evidentemente estamos frente a una típica obra a la chapina, es decir, en la que nadie es responsable de un trabajo mal hecho, pero el dinero ya fue embolsado por los contratistas y repartido con los funcionarios a cargo de autorizar los contratos. Es inaudito que un temblor que en general provocó menos daños que el anterior en San Marcos, volviera a derribar el cielo falso del hospital pese a que el mismo fue colocado como una reparación y, en teoría, debió haberse tenido el cuidado de prevenir que pudiera volver a ocurrir otro sismo.

El caso es que por esa niña muerta nadie responde ni responderá a sus familiares. Ni el gobierno que tiene su enorme cuota de responsabilidad, porque fue quien contrató a los ineptos que hicieron el trabajo ni los contratistas que, en el mejor de los casos, verán que se hace efectiva alguna fianza si es que alguien mueve un dedo para que, por lo menos, se disponga de los fondos para volver a colocar otro cielo falso, tan falso como el techo que se coloca y que no cede a la primera de cambio.

No existe en Guatemala un concepto de responsabilidades que puedan deducirse ni siquiera en los casos más graves de muerte de inocentes que terminan pagando con su vida el precio de la corrupción. No existe una lista negra de contratistas a los que, por inútiles e ineficientes, no se vuelve a contratar porque hacen mamarrachos como ese cielo falso que cayó sobre el cuerpo indefenso de la niña. Lo menos que debió hacer el Presidente cuando comunicó la infausta noticia informando, además, que ese cielo falso recién fue colocado como parte de la reconstrucción que es responsabilidad de su gobierno, es señalar con todas las letras a la empresa responsable para que al menos se tenga la esperanza de una vindicta pública contra tanto sinvergüenza que tranquilamente goza del dinero mal habido sin el menor remordimiento por la pérdida de una vida, como en este caso.

Se harta uno de estar señalando la corrupción y sus funestas consecuencias que por lo general tienen efectos tan funestos como el que ahora comento. No hay respuesta ni de alguna autoridad ni de la misma sociedad para reclamar no sólo transparencia sino que se haga caer el peso de la ley sobre corruptos y corruptores, sobre empresarios y funcionarios sinvergüenzas que se reparten el pastel del erario, aunque ello se traduzca en obras tan deplorables que no resisten y que además de afectar los intereses económicos del país, se traducen en riesgo de muerte para la población. ¿Hasta cuándo, Guatemala, aguantaremos este latrocinio?