Cuando se efectúa un estudio sobre determinado proyecto de inversión o desarrollo local, uno se encuentra con un mar de conflictividad alrededor de un servicio público esencial, como lo es la electricidad, que en el entorno centroamericano se viene ofreciendo como una mercancía más, sin percatarnos que quienes lo ofrecen tienen todas las características de un monopolio natural que se debe regular adecuadamente.
Y como aquí se trabaja improvisadamente, vemos hoy que a partir de los denominados “planteamientos de los 48 cantones”, luego de la tragedia de Totonicapán, vuelven a surgir las mismas interrogantes alrededor de los negocios eléctricos, y principalmente sobre el futuro de este importante subsector energético del país.
Las demandas de los pobladores cantonales giran alrededor del alto costo del servicio que presta DEOCSA, y se mencionan temas relacionados con el alumbrado público y el escalamiento incesante de su precio, el cual se incorpora automáticamente a la factura mensual de cada hogar.
A mediados de los noventa se separaron las funciones del INDE y se creó DEOCSA y DEORSA. Los títulos accionarios se vendieron a UNIÓN FENOSA, una empresa española que venía subiendo como la espuma, al tenor del ascenso español en el mundo y en los mercados latinoamericanos.
Pero como estas compañías están al mejor postor en los mercados internacionales, otro grupo más poderoso, también español, denominado GAS NATURAL adquirió la empresa, siendo la filial guatemalteca una de las más rentables de América Latina.
Y con sorpresa vemos así que, de la noche a la mañana, los españoles tal vez cansados de estar laborando en aguas turbulentas, sobre todo en el ambiente rural guatemalteco, venden de nuevo los activos accionarios a un Fondo de Inversión denominado ACTIS, que por su naturaleza es poco afín al tema de la tecnología, y está más bien buscando el rédito financiero.
Resulta lógico pensar que cada ventecita de estas se ha hecho con buenas ganancias, y que la nueva aventura buscará apretar a los consumidores, para agenciarse de las ganancias locales y quizás, en unos cuantos años, volver a rolar la pelota de la conducción del monopolio de la distribución eléctrica.
Cuando uno acude a los manuales internacionales sobre modernización de la infraestructura en países en desarrollo, está clarísimo que lo importante es primeramente el concesionamiento a un “operador de tecnología”, pues lo que busca el país anfitrión es un proceso de mejora de su ingeniería, y por supuesto un mejor sistema de gestión e innovación que el preexistente.
Importante tarea tiene entonces el principal ente regulador, tal cual es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que debe velar por el ahorro energético, por la mejora de la calidad del servicio pero, ante todo, por mejorar sistemáticamente el bienestar de los consumidores, sean estos residenciales, comerciales, como también los agroindustriales, encargados de mejorar la productividad y competitividad.
De acuerdo con indagaciones efectuadas por este escribiente, los conocedores de este ambiente subrayan la presencia de un entorno de negocios eléctricos que es ampliamente jugoso para los generadores locales, quienes establecen contratos en donde se asegura plenamente una buena ganancia, que corre a todas luces a costillas del consumidor, y en donde los subsidios del INDE, relacionados con la tarifa social podrían llegar paulatinamente a un nuevo colapso de la institución.
Es tiempo entonces de repensar lo acontecido con la electricidad.