El hallazgo de pasaportes con información falsa, el otorgamiento de residencias anómalas, el asesinato de un sindicalista y su respectiva investigación y el evidente negocio de la trata de personas parecen tener un ví­nculo directo, que hasta ahora no ha sido comprobado por las autoridades, pero sí­ levanta una voz de alarma entre activistas y defensores de derechos humanos para erradicar la esclavitud del siglo XXI.

El caso de Roberto Barreda de León, principal sospechoso de la desaparición y presunta muerte de su esposa, Cristina Siekavizza, es uno de los casos que pueden documentarse sobre las dudosas emisiones de pasaportes en la Dirección General de Migración (DGM).
 
El 25 de julio último se encontraron anomalí­as en el pasaporte que extendió la empresa Corporación Inmobiliaria La Luz a Barreda de León, de acuerdo con investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
 
En el documento, que corresponde al número 110101192232952, hubo modificaciones en el primer apellido de Barreda, pues se cambió a “Barrera”. 
 
El MP abrió una investigación en torno a la empresa emisora de los documentos, pero también ha solicitado al interventor de la DGM, Enrique Degenhart, para que rinda cuentas en el caso.
 
Por otra parte, información que conoce la Fundación Sobrevivientes destaca otro caso: Un hombre que obtuvo el 18 de enero de 2011 la renovación del pasaporte número 111903762961798, en el que figura con el nombre de Jorge Gamaliel Archila Suchiate.  
 
El 9 de enero de 2001, su documento fue emitido con el nombre Jorge Gamaliel Archila Espina e identificado con el correlativo número 111904000382180.
 
En 2011, este hombre dijo que la emisión de su cédula fue en Rí­o Hondo, Zacapa, mientras que diez años antes, en el 2001, consignaba que fue en Gualán, Zacapa.
 
El pasado martes, personeros de la entidad Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A., sin aviso previo, se presentaron a la Redacción de este medio, acompañados de personeros de una entidad de relaciones públicas y manifestaron que los pasaportes con datos «erróneos» iban a ser destruidos porque fueron mal impresos, pero justamente el MP los encontró mientras realizaban las investigaciones del caso. Sin embargo, no dejaron un documento o una declaración oficial, pero por la objetividad periodí­stica que caracteriza a este medio, se publica lo manifestado en la referida visita.
 
La directora de la Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz, ve con preocupación la facilidad con la que cualquier persona puede obtener documentos alterados en Guatemala, lo cual convierte al paí­s en un “paraí­so para los traficantes de mujeres, niñas y niños”.
 
“Creo que es un tema de suma preocupación. Todos esos negocios sucios que hacen nuestros gobiernos, en donde ceden estas instituciones tan importantes a empresas privadas a cambio de nada.  Esas personas montan empresas y se enriquecen con el trámite ilí­cito de pasaportes, que también se enriquecen haciendo trámites ilí­citos de documentos que acrecientan sus ganancias y que de alguna manera vienen a coadyuvar para que Guatemala se convierta en un paraí­so para los traficantes”, refiere la activista social.
 
Cruz indica que esa es la razón por la que personas extranjeras y nacionales, involucradas en ilí­citos, obtienen documentos sin mucho esfuerzo.
 
“Aquí­ se han dado pasaportes incluso a sicarios colombianos. Realmente cualquiera viene  y consigue documentos; desde aquí­ puede volar a cualquier parte del mundo, sacar una visa sin mayores complicaciones.  No solo se atenta contra la seguridad nacional nuestra, sino que también se atenta contra la seguridad de otros paí­ses”, indica.
 
La Fundación Sobrevivientes ha denunciado desde 2007 diferentes anomalí­as en la emisión de documentos, que se conocen en los procesos judiciales entablados por casos de trata de menores, por lo que pide a las autoridades una investigación exhaustiva de dichas irregularidades.
 
“Las autoridades deben investigar a profundidad, no importa quién esté involucrado, tienen que llegar a los responsables de todos estos hechos ilí­citos, ponerlos ante la justicia y desarticular esas estructuras.  Creo que hasta el momento se ha sido complaciente con esta situación, que no es de ahora; nosotros venimos señalando desde 2007”, indica la Directora de la Fundación.
 
Dentro de Migración, a su vez, se reportan anomalí­as en la emisión de las residencias temporales o definitivas que solicitan los extranjeros, que luego son utilizadas para residir de manera «legal» en el paí­s, obtener «permisos de trabajo» y que permiten la movilización por los paí­ses de Centroamérica, así­ como la entrada y salida al paí­s.
 
SINDICALISTA ASESINADO
 
Juan Fidel Pacheco Coc, quien pertenecí­a a la Unión Sindical General de Empleados de la Dirección General de Migración de la República de Guatemala (Usigemigra), fue asesinado en agosto del año pasado luego que ofreciera algunos detalles sobre una de las supuestas redes de trata que habrí­an de funcionar en la DGM.
 
El sindicalista habrí­a informado que un grupo de trabajadores de la institución se dedicaba a emitir pasaportes falsos a chinos, palestinos, colombianos, iraquí­es y jordanos, por un valor que oscila entre los US $500 y los US $5 mil.
 
Dí­as antes de ser asesinado, Pacheco Coc se presentó a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), donde ofreció algunos datos sobre las supuestas anomalí­as.
 
“El señor Pacheco presentó una denuncia escrita y luego la amplió. Se entrevistó conmigo.  En aquella oportunidad el señor Pacheco declaró que las autoridades de Migración, incluyendo a los más altos jerarcas, estaban involucradas en una serie de negocios ilegales, cobros ilegales, la venta de pasaportes y otro tipo de operaciones ilegales, incluso creo que habló hasta de narcotráfico”, dice el PDH, Sergio Morales.
 
El Magistrado de Conciencia recordó que en aquella ocasión se gestionaron medidas de seguridad para el agraviado, sin embargo, fue asesinado dí­as después de su denuncia.
 
“Nosotros inmediatamente pedimos protección para él y presentamos la denuncia ante el Ministerio Público (MP). A los pocos dí­as apareció asesinado de forma muy cruel, parece ser que lo inyectaron; allí­ quedó ese caso sin ser resuelto por las autoridades”, relata Morales.
 
La Hora visitó las oficinas del MP, para conocer los avances de la investigación; sin embargo, no fue posible obtener mayor información. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apoya al MP en este caso, que no ha sido resuelto y, por tanto, no puede proporcionar más detalles.
 
En una visita a Usigemigra, una mujer que dijo ser parte del Sindicato y quien pidió no ser citada, destacó: “No puedo ofrecerle información de la muerte del compañero Pacheco y de lo que pasa aquí­, con el Interventor y con los otros sindicatos.  Esa información la tiene el MP y por nuestro bien y el suyo es mejor ni desempolvar ese tema”, dijo la sindicalista, sin ofrecer mayores explicaciones.
 
ESTADíA FíCIL
 
Hasta el momento es imposible conocer el avance de las investigaciones sobre la emisión de pasaportes con datos erróneos y si éstos tendrí­an una vinculación con la denuncia presentada en  2010 por el sindicalista.
 
No obstante, la captura reciente de una banda criminal de jordanos y guatemaltecos –dedicados a la trata de personas– expuso nuevamente ante los reflectores de la justicia el problema que representa la falta de control sobre las migraciones en el paí­s, que da lugar al tráfico de personas, también conocido como la esclavitud del siglo XXI.
 
Decenas de mujeres y adolescentes son engañadas para laborar en Guatemala, principalmente jovencitas de nacionalidad colombiana y hondureña.  Ellas son radicadas fácilmente en el paí­s, a través de los tratantes, quienes “arreglan” todo por ellas.  Cuando las ví­ctimas arriban al paí­s pueden vivir con permiso en Guatemala.
 
“Es necesario investigar a fondo los pasos fronterizos. Para nadie es un secreto que están llegando ciudadanos colombianos, de Medio Oriente, de Honduras, que después resultan con permisos laborales y documentación guatemalteca. La Dirección General de Migración es la responsable de los pasos fronterizos; allí­ no hay vuelta de hoja. Se debe investigar a los funcionarios por qué han dejado pasar a estas personas”, dice Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez.
 
Según el activista, quien lleva varios años apoyando a niñas y mujeres ví­ctimas de explotación, por versiones de las ví­ctimas de trata, se conocen los ví­nculos de los traficantes con personal de la DGM, pero hasta ahora no se tienen pruebas concretas que los inculpen.
 
“Creemos que los tratantes tienen comunicación con  algunos funcionarios de Migración; las ví­ctimas lo han referido. Inclusive una chica colombiana que estuvo con nosotros dijo que preferí­a no ir al Albergue Migratorio porque los dueños del bar le habí­an dicho que tení­an comunicación con la gente de Migración. Yo no puedo asegurar que haya una red de trata en Migración, pero los tratantes sí­ tienen mucha comunicación con algún personal de Migración”, dice el entrevistado.
 
En 2011, la organización Refugio de la Niñez, ha conocido 78 casos de trata de personas.