Pienso que una de las cuestiones fundamentales para cualquier estadista que está en ejercicio del poder es preguntarse qué haría o diría él estando en la oposición si otro gobernante concretara exactamente el mismo tipo de negocio público que sus colaboradores le presentan como la octava maravilla del mundo. En el caso del Puerto, sería bueno que Pérez Molina se preguntara qué hubiera dicho él si Colom o Baldizón permiten a un interventor disponer de los bienes de la Empresa Portuaria como él lo hizo avalando lo actuado por el funcionario que él nombró a sabiendas de su “experiencia” en contratos públicos.

El hecho de que un interventor se tire ese negocio es de entrada inaceptable porque su función tiene que ser la de normalizar las funciones de la entidad que debió ser intervenida, pero no disponer como si fuera cacique o rey sobre los bienes de la entidad. Es aberrante que un Presidente de la República convalide una decisión de ese calibre cuando lo que debió hacer, en todo caso, es levantar la intervención para que una Junta Directiva con todas las de la ley tomara decisiones que, además, no pueden ser secretas.

La Constitución dice que el Estado podrá intervenir “en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario”, las empresas que prestan servicios públicos esenciales, pero además es indispensable que en cualquier proceso de enajenación de los bienes nacionales tenga que haber suficiente publicidad y que se haga mediante concursos y no mediante simples invitaciones. La única forma de establecer el valor real de un usufructo o una concesión es si se realiza una licitación o concurso para que los oferentes hagan su propuesta, lo que permite determinar el valor del derecho real.

Yo estoy absolutamente convencido de que si en tiempos de Álvaro Colom el anterior interventor, Ricardo Marroquín Rosada, se tira una disposición de este calibre y de la noche a la mañana nos anuncian que arrendaron el terreno medular del puerto para que una empresa privada haga una terminal de contenedores, es decir literalmente otro puerto, el Partido Patriota, con el general Pérez Molina a la cabeza y Roxana Baldetti en seguida, hubieran pegado el grito en el cielo denunciando el trinquete. No digamos si su archienemigo Baldizón en el poder llegara a hacer un negocio idéntico al que ahora el general presenta como algo blindado porque así se lo dijeron sus asesores, encabezados por el interventor de la Portuaria que forma parte de un bufete que presume de haber participado en la formulación de leyes que regulan la contratación de negocios públicos.

No es únicamente la cuestión del secreto, sino de las facultades de un interventor para disponer como si fuera de su finca, de los bienes de una empresa estatal. La intervención fue decretada para normalizar la anómala operación del puerto, no para hacerla aún más anómala mediante actos arbitrarios.

Lo que sus asesores no le explicaron al Presidente es que si bien en Guatemala se puede hacer cualquier cosa porque la ley siempre se puede retorcer para facilitar un negocio, hay asuntos que ofenden seriamente a la opinión pública y se convierten en estigma para siempre. Cerezo cargará toda la vida con la venta de Aviateca hecha con toda dedicatoria a favor de la empresa Taca, de la misma manera en que nunca se podrá librar Arzú de la venta de Telgua hecha con la asesoría de abogados que han tenido muy estrecha y leal colaboración con el bufete del que forma parte el actual interventor de la Portuaria.

Que pueden concretar el hueveo no cabe duda. Tampoco hay duda de que el Puerto tiene que ampliarse para beneficio del país. Pero la forma en que se ha hecho todo esto tampoco deja la menor duda. El asunto no fue limpio ni transparente.