Continuando con el Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante la situación actual, y que ya comentamos la semana pasada, las propuestas de solución comienzan apuntando a las distintas entidades y sectores, partiendo del complejo ambiente de conflictividad que vive la sociedad guatemalteca.
Se comienza urgiendo al Legislativo para que “tome conciencia de que a través de la emisión de leyes debe velar por el bien común”. Se alude a los intereses partidarios y de sector que a juicio de los obispos son el “mayor obstáculo para el desarrollo de la nación”.
Se invita a la ansiada “ética política”, en virtud de que las tremendas carencias institucionales a este respecto, transforma la visión colectiva en una de miradas cortas, y con claros síntomas de miopía; es decir, carente de los lentes que ahora se necesitan para ver a lontananza, en la búsqueda de las grandes soluciones estructurales que nunca llegan en estos lares.
En términos judiciales se invita al poder judicial a basar su actuar en base al apego a la ley, tema éste muy oportuno en virtud de que pronto la CICIG estará dando a conocer, con nombres y apellidos, el actuar de varios jueces corruptos, que pululan en el ambiente de la “ciega impartición de justicia”.
Y en referencia al Ejecutivo, que es para la Conferencia el principal actor protagónico, se le invita a velar por el bien común, pero que primero escuche las demandas de la población y de ahí formule políticas con visión de largo plazo, abrazando soluciones completas y no la “búsqueda de reelección por medio de medidas clientelares”.
Ahora bien, no sólo los entes del Estado enfrentan las responsabilidades colectivas: a la sociedad civil también le cae en el comunicado, y se llama la atención en relación a no defender tan sólo los intereses sectoriales. Tremenda advertencia, a mi juicio, en virtud de que en el medio es ya un deporte la disputa balcanizada del presupuesto público para resolver temas sociales que están vinculados unos con otros y se deben resolver con visión integral y priorizada.
A nuestro saber y entender, en cualquier sociedad que se jacte de ser “moderna” y “civilizada”, los partidos políticos cumplen una representación democrática, en la que el proceso de mediación entre los particulares y el Estado cumple un papel de primer orden. Ello no es así, ni por asomo, en la mayoría geográfica de América Latina.
La Conferencia llama a oír las demandas, detectar necesidades y procesarlas, llevando todo ello a la búsqueda del bien común, “buscando la aprobación del voto”.
Y la empresa privada, sobre todo los representantes del sector privado organizado no están fuera de este análisis propositivo, y se le invita a “favorecer el desarrollo económico del país mediante la generación de empleo”.
Se reflexiona así sobre “una empresa éticamente fundada”, y ello es oportuno ahora que están de moda las propuestas y posiciones sobre la Responsabilidad Social Empresarial. Los obispos invitan a los empresarios, principalmente a los grandes y transnacionales a favorecer el desarrollo humano, respetar el medio ambiente y guiarse por el objetivo del bien común.
Interesantes reflexiones, sobre todo viniendo de donde vienen, en virtud de que aquí y en Timbuktú el proceso productivo, a todas luces se forja con el concurso de toda una sociedad. ¿No lo cree usted?