La empresa asegura que los guardias de una firma privada contratada para resguardar la mina solo utilizan armas no letales –de caucho–, pero al exjefe de Seguridad se le señala de ordenar la muerte de opositores al proyecto en San Rafael Las Flores.
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Los conflictos que surgieron en torno a la operación de la Minera San Rafael, ubicada en la localidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, han despertado cuestionamientos sobre los protocolos que las empresas privadas de seguridad y la fuerza pública, deben aplicar para aplacar las manifestaciones de descontento de los opositores a los proyectos mineros.
Andrés Dávila, coordinador de Comunicación Corporativa de Mina San Rafael, asegura que la empresa subcontratada para garantizar la seguridad solo utiliza armamento no letal y recuerda un suceso de enero pasado, en el que los guardias tuvieron que actuar.
“Trataron de ingresar a la propiedad y atacaron con armas de fuego a nuestros policías, que como no tenían balas, tuvieron que disparar con balas de hule”, refiere.
Sin embargo, el jueves de la semana pasada trascendieron informaciones de escuchas telefónicas –realizadas por el Ministerio Público–, en las que el exjefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo, ordenaría la muerte de opositores al proyecto cuando todavía trabajaba para la Minera San Rafael.
¿Cómo ordenaría el jefe de seguridad la muerte de opositores a la mina a agentes que utilizan armas no letales? La situación es difícil de comprender.
Se plantearon dos posibles escenarios: La seguridad privada tiene armas letales o existe otro grupo de agentes que sí está armado.
“Nosotros tampoco entendemos eso porque los policías tienen armas no letales”, responde Dávila. “(Rotondo) trabajó para nosotros; él ahorita tiene un proceso y las autoridades determinarán qué fue lo que dijo o no dijo ese día, y así se sabrá qué órdenes dio sin consultar con nosotros”, explica el comunicador.
Dávila asegura que la empresa está “cooperando con las autoridades para que puedan dilucidar ellos qué fue lo que sucedió en el caso de Alberto”.
Por otro lado, asegura que la empresa continúa estableciendo vínculos de diálogo con la comunidad, que a su criterio está de acuerdo con los proyectos mineros, pero señala que existen grupos externos que llegan a promover la oposición.
Minera San Rafael se pronuncia como parte del reportaje publicado ayer: “Son Zetas… Luego, no son Zetas… La pregunta del millón ¿Criminales o comunitarios?”
TEMEN CONTAMINACIÓN
Por PAOLINA ALBANI
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De acuerdo con Julio González, de la Asociación Tierra Viva, la extracción de la mina San Rafael, en Santa Rosa, afectará a la población y también a las aguas por el vertido de productos minerales que, en contacto con el agua, generarán drenajes ácidos que contaminarán las aguas, superficiales y subterráneas.
Esta situación se ha vivido en Perú, Bolivia y Argentina, donde debido a la extracción se han originado enfermedades endémicas crónicas. Esto y el abuso de los recursos son factores que han llevado a la población a enfrentarse con los agentes de seguridad de la mina, quienes supuestamente solo portan armas no letales, pero esta declaración queda contradicha con la orden de Alberto Rotondo, jefe de Seguridad de la mina, quien habría mandado a matar a líderes comunitarios que se pronunciaban en contra de la explotación.