Como primera plana y noticia de sus principales páginas, el día 31 de enero de 2014, todos los medios escritos abordaron las acciones que cientos de maestros realizaron bloqueando la libre locomoción en Los Encuentros, Cuatro Caminos, cruce a La Vega a Huehuetenango; ruta a las Verapaces, en la Cumbre de Santa Elena; ruta hacia San Vicente Pacaya; ruta al Pacífico, El Zarco; ruta al Atlántico, ruta a la Ruidosa; ruta a Malacatancito, Huehuetenango, y Colotenango; ruta entre Retalhuleu y Coatepeque, Quetzaltenango; carretera a El Salvador, puente Los Esclavos; ruta Interamericana, Calzada Roosevelt y Puente Belice.

El objeto de esas acciones “fue obligar a 137 parlamentarios a aprobar en carácter de urgente una ampliación presupuestaria de Q1,500 millones, fondos para el aumento salarial en educación y salud, aunque dicha ampliación carece de respaldo financiero”.

Con toda razón y lógica, un medio de comunicación tituló “Atrapados miles de guatemaltecos, fueron perjudicados por protestas que trastornaron el tránsito por el país”. Más grave aún, otro medio subtituló “Después de ocho horas de bloqueos y amenazas de bombas, 136 diputados aprobaron elevar el techo presupuestario sin fuente de financiamiento” y como también se dijo al pie de una fotografía, el dirigente del movimiento “Joviel Acevedo observa desde el palco general la votación para ampliar el Presupuesto”. En la fotografía, se plasma una actitud agresiva, con la frente fruncida, empurrado y los brazos cruzados que ni el Presidente de la República se permite hacer esto ante el Congreso que obviamente fue doblegado al aprobar urgentemente la pretensión planteada por el maestro Acevedo.

Demandar mejoras laborales es un derecho, pero hacerlo paralizando el país y perjudicando la limitada productividad, el derecho de locomoción, incluso golpeando a personas que intentaron pasar los bloqueos es algo que desdice al magisterio y compromete el Estado de Derecho.

Dónde estuvo la fuerza pública, cuáles son las acciones que el Ministerio Público debe de emprender al respecto; cómo queda la gobernabilidad y la seguridad de la que es responsable el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Gobernación.

Dónde quedan los principios que los maestros deben trasladar y fomentar a los educandos o es que el hecho fue previamente concertado para así aprovechar a realizar una ampliación presupuestaria con sus colitas, que favorezcan políticamente al Gobierno y al partido oficial. En todo caso, la ilegalidad, el costo económico, social y político no puede ser descartado. Nuevamente se evidencia que dependiendo de quién rompa la ley así es el resultado que se produce.

Hechos como el presente hacen que todos los perjudicados reclamen con justa causa la paralización de que fueron objeto en las carreteras y lugares señalados. Las normas vigentes a nivel constitucional garantizan la libre locomoción; el Código Penal establece y tipifica los delitos de paralizar vehículos de transporte público propiedad de terceros, sin duda alguna la falta de presencia de las autoridades evidencia una irresponsabilidad o una responsabilidad por no actuar dentro de la ley y comprueba que al Ejecutivo y al Legislativo se les puede chantajear.

En una democracia existen derechos y obligaciones y si bien pedir mejoras salariales, mayores prestaciones económicas es parte del derecho de petición, no justifica perjudicar a miles de miles de estudiantes, ni perjudicar a la ciudadanía en general. Cuántas personas fueron bloqueadas en las carreteras, cuántas podían estar enfermas o graves; lo actuado fue ilegal y comprometedor.
¡Guatemala es primero!