El país cuenta con decenas de leyes generales y específicas que en teoría garantizan el cuidado y protección del medio ambiente, pero pocas se cumplen a cabalidad, lo que supone un serio riesgo para la vida y la subsistencia de la sociedad.

Al mismo tiempo, la contaminación y el cambio climático amenazan con cambiar radicalmente el entorno y afectar las condiciones de vida de los guatemaltecos.

“La legislación ambiental es amplia”, asegura Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS). Inclusive, afirma que actualmente las leyes en temas de medio ambiente emanadas después de la Constitución Política de 1986 se cuentan por decenas.

El principal grupo de normativas ambientales se divide en tres vertientes: La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, la Ley de Áreas Protegidas y la Ley Forestal.

Estas leyes son primordiales porque dan origen a las instituciones que se encargan de la protección ambiental en el país.  De la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente surgió en principio la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que posteriormente, en el año 2000, se convirtió en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

A partir de la Ley de Áreas Protegidas se crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y de la Ley Forestal surge el Instituto Nacional de Bosques. Además, cada una de las áreas declaradas “protegidas” en el país se estableció a través de leyes específicas emitidas por el Organismo Legislativo.

Adicionalmente existen leyes sobre educación y conciencia ambiental, mientras que  a nivel internacional existe una serie de convenios importantes, los cuales en su mayoría han sido ratificados por el Estado de Guatemala, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco sobre Cambio Climático.

“El Estado está bien dotado con suficientes leyes. El problema es que el Estado no le da cumplimiento ni realiza las acciones que por situación jurídica debería estar desarrollando. Entonces vivimos en impunidad ambiental”, afirma Maldonado.

El Estado en su conjunto, tanto el Gobierno como sus habitantes, incumplen con las normativas ambientales en el país, “lo que nos mantiene en una verdadera catástrofe ambiental” señala el ambientalista.

Maldonado señala que regularmente existe un serio incumplimiento de la legislación ambiental vigente, no solo del Gobierno sino también de los ciudadanos, pues se observa con frecuencia cómo se contaminan los ríos y reservorios de agua, cuando se sabe que es un delito tipificado en el Código Penal.

“En el caso de la contaminación ambiental se contempla el castigo hasta por 10 años de prisión, pero se observa que los ríos están contaminados” y nadie paga por eso, indica el ambientalista.

De acuerdo con la Ley de cacería, no pueden cazarse especies como los jaguares, loros o monos, y sin embargo se observa que cada día crece el tráfico ilegal de este tipo de animales. “Vivimos en una total impunidad ambiental, producto que no respetamos nuestras normas”.

PANORAMA DESALENTADOR

El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que ha servido año con año para intentar formar conciencia en la población sobre los peligros ambientales.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el 60 por ciento de los ecosistemas del planeta han sido degradados por los seres humanos, aun  cuando hay leyes que protegen el ambiente y que castigan la contaminación.

El verdadero problema es que los servicios ecológicos que brinda la naturaleza están siendo utilizados en forma no sostenible.  El detrimento del medio ambiente es una realidad pero, ¿cuál es su verdadero alcance?

Según el último Informe Ambiental del Estado de Guatemala, presentado el año pasado por el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales (MARN), con mediciones y cifras actualizadas hasta 2011, la situación ambiental requiere atención urgente para evitar que en tres o cuatro décadas las condiciones cambien dramáticamente.

En términos generales, el informe del MARN establece la alerta de que, con la tendencia actual, las condiciones bioclimáticas estarían cambiando en más del 50 por ciento del territorio nacional dentro de 40 años, y en un 90 por ciento para el 2080.

Asimismo, advierte la reducción considerable de los ecosistemas excedentarios de agua, así como una progresiva y acelerada erosión genética y simplificación de los ecosistemas.

Tanto la población humana del área urbana como la del área rural afectan la calidad del ambiente, ya sea de un país en desarrollo o de un país desarrollado.

La diferencia realmente se encuentra en la proporción del detrimento ambiental que provocan. Y es que la huella ecológica que puede tener en promedio una persona del área rural o urbana dependerá de su capacidad de consumo y estilo de vida.

Sin embargo, más que el impacto del consumo y el comercio per se, la amenaza se constituye en el impacto ambiental de las actividades productivas y extractivas.

CAMBIO CLIMÁTICO

Expertos señalan que las modificaciones inducidas sobre la naturaleza están aumentando la probabilidad de cambios no lineales, como la aparición de enfermedades, las alteraciones bruscas de la calidad del agua y las modificaciones en los climas regionales.

Entre otros datos de Naciones Unidas, se informa que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó un 32 por ciento, sobre todo debido al uso de combustibles fósiles y a los cambios en la utilización de la tierra.

Edy Sánchez, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explica que esto provoca la variabilidad del clima.

“Puede haber años secos y años extremadamente lluviosos. Por ejemplo, 2009 fue un año seco, pero el 2010 y 2011 fueron años con mucha lluvia; y el año recién pasado tuvo lluvias mal distribuidas”, explica.

Asimismo, menciona que se alcanzó la estadística de lluvias en el año, sin embargo hubo mala distribución, que trajo lluvias muy copiosas en algunas partes del país y resequedad en otras.

“Esto afecta al país porque hay que planificar la agricultura con diferentes tipos de cultivos. Asimismo la infraestructura, adaptarla a los extremos de lluvia y también adaptarse, por ejemplo, al tema de la energía; a mantener funcionando las presas hidroeléctricas sin falta de agua”.

Sánchez expresa que los cambios bruscos en el clima que afectan en el país también se deben a que se ha tenido grandes problemas de deterioro ambiental por deforestación, mal uso del suelo e inclusive, la mala planificación urbana.

Por su parte, Magaly Arrecis, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, dice que Guatemala es uno de los países en Latinoamérica con mayor riesgo ante los efectos del cambio global, el cual se manifiesta por las alteraciones en los patrones de las épocas seca y lluviosa, lo cual entre otras cosas afecta a la salud humana, a la biodiversidad, a la producción agropecuaria y a la economía del país.

“Y este riesgo es alto por la amenaza latente de sequías o fenómenos hidrometeorológicos con tormentas y huracanes que provocan inundaciones, deslaves y derrumbes de grandes magnitudes por la topografía y deforestación en la mayoría de cuencas hidrográficas del país.  Mientras que el sistema de fallas y vulcanismo activo son factores que también son una amenaza latente en al país”.

Según el Informe Ambiental anteriormente mencionado, se señala que el país es dependiente del agua de lluvia para regular el ciclo hidrológico, sobre todo porque se carece de infraestructura de almacenamiento de agua, necesaria para alargar la etapa de escorrentía superficial, así como de estructuras para almacenamiento subterráneo. Ante esta deficiencia, “en época seca los flujos de los ríos decrecen significativamente”.

¿CASTIGO O SENSIBILIZACIÓN?

Para el abogado ambientalista de CALAS, debe ser una mezcla de ambos. “Tenemos una legislación vigente de más de 20 años y por lo tanto si los ciudadanos estamos incumpliendo debe sancionarse ejemplarmente a las personas, individuales o jurídicas, que cometan delitos ambientales, pero esto debe ir de la mano de un proceso bastante fuerte de educación ambiental, principalmente dirigido a la niñez y la juventud para que cambiemos, en corto plazo, estas actitudes de la sociedad en su conjunto”.

De hecho, la Ley de Educación Ambiental vigente es relativamente nueva. En el año 2010, se ordena que el Mineduc y el Marn realicen acciones de sensibilización y educación ambiental a nivel primario, secundario y diversificado.

“Pero se observa que ninguno de los dos ministerios, principalmente en este Gobierno, está haciendo nada para agilizar este proceso”, manifiesta el investigador.

Magaly Arrecis, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, coincide sugiriendo que se requiere que permanentemente se informe y eduque a la población de distintas edades y sectores de la sociedad.

Entre los temas que propone la investigadora para sensibilizar se encuentra hacer énfasis en las funciones que tiene cada elemento del ambiente (agua, suelo, aire, biodiversidad) y en su conjunto (ecosistemas) para la vida humana y del resto de seres vivos, ya que muchas veces las personas escuchan que deben cuidar el ambiente pero desconocen ¿por qué? o prefieren seguir con estilos de vida que se orientan al consumo, la depredación y el desecho sin importar el presente ni el futuro de la calidad ambiental.

“Lamentablemente la importancia de contar con un ambiente sano, el cual es un derecho humano, solo se aprecia cuando el agua, el suelo y el aire están amenazados, deteriorados o escasean y afectan la salud, la forma de vida de las personas o el desarrollo de las actividades económicas. Y en el menor de los casos, cuando se dan noticias de degradación ambiental como deforestación, pérdida de vida silvestre emblemática, porque a los seres vivos desagradables nadie les presta atención, aunque en algunos microorganismos se encuentre la cura a varias enfermedades o sean fundamentales para la polinización como algunas especies de murciélagos”, señala Arrecis.