Sabiamente cualquier país persigue realizar acciones tendientes a alcanzar niveles superiores de desarrollo, cualesquiera que estén a su alcance, especialmente basados en necesidades primarias que tengan, tales como subsistencia alimentaria, seguridad, agua, salud, educación, y muchos otros más de los llamados derechos fundamentales del ser humano. (46)
En pleno siglo XXI, esos factores deben ser satisfechos prioritariamente con acciones que involucren la explotación de recursos propios de los Estados, o bien por medio de financiamiento de la población mediante sus impuestos. Ordinariamente, el factor de impuestos sirve para “mantener” a un Estado y sus altos niveles de gasto, mientras que para lograr superar las metas previstas para el desarrollo o bien intentar alcanzar niveles equitativos económicos, se utilizan las inversiones internas o externas. Estos recursos también son necesarios para combatir flagelos internos o externos, dependiendo de cada país o región. Pero extraordinariamente, inclusive, se han utilizado préstamos para financiar gastos y un porcentaje de inversión, lo que constituye una contradicción económica, pues el interés y gasto que genera el pago de esa deuda, ya sea dentro del país o hacia afuera en mercados internacionales, se convierte en una obligación de cumplimiento a largo plazo. Mayor problema se da cuando esos préstamos se utilizan mal, o se convierten en botines políticos derivados de actos de corrupción. El país entonces paga deuda y recibe poco a cambio. (178)
En estos días se cuestionan algunas decisiones que desde el Estado se han realizado como políticas gubernamentales, resaltando aquellas que impactan nuestro recurso ambiental, desequilibrando los sistemas ecológicos del país y con ello generando graves riesgos para un medio ambiente sostenible. La autorización de licencias de exploración y explotación en gran cantidad, así como la aprobación de estudios de impacto ambiental con suma facilidad, son solo algunos indicadores. La concesión de uno de los dos puertos más importantes del país a una empresa extranjera sin un procedimiento transparente que involucre identificar las mejores condiciones para el país, es otro. (99)
Pero no sólo en inversión extranjera se cuestiona; también otros matices internos como la recaudación de impuestos se ha convertido en un proceso que detiene o desmotiva la actividad económica y con ello, el desarrollo. Múltiples son los conocidos malos contribuyentes que han intentado defraudar al Estado, pero en respuesta, el Estado ha decidido perseguir a aquellos que en poca o gran medida, contribuyen al erario con sus impuestos. Las nuevas leyes tributarias, sumamente mal redactadas, aunque hábilmente negociadas en el Congreso de la República, provocan castigo para aquellos que enfrentan problemas diarios para una subsistencia económica, pero facilitan o permiten continuar a aquellos grandes defraudadores. (106)
Confusos tiempos se viven en el país, y aunque noticias desde Londres motivan a todo un pueblo para seguir adelante, la búsqueda del desarrollo se vuelve cuesta arriba al conocer de decisiones cuestionables en torno a las acciones que deben promover cambio y oportunidad de desarrollo para todos. (51)