El dinero que manejan los partidos políticos sigue siendo la carta fuerte para ganar una elección. Esa ventaja seduce a los políticos al punto que no tienen interés en cambiar las reglas del juego de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos puso en la palestra el financiamiento a los partidos. La historia nos ha mostrado que quienes tienen más recursos también cuentan con más posibilidades de ganar una elección. En ello radica el interés de los políticos para conseguir el respaldo económico para sus agrupaciones, más que en cambiar las reglas del juego.

Están conscientes que al permitir una igualdad de condiciones en el sistema de partidos políticos, eliminando o reduciendo el financiamiento privado, se disminuyen sus probabilidades de triunfo, por lo que el dinero sigue siendo el principal motor en el proceso electoral.

“A pesar de los avances legales recientes en materia de financiamiento partidario, no ha habido interés ni voluntad real por parte de los líderes políticos para regular y limitar a los partidos en esta materia”, destaca el informe titulado Financiamiento de los partidos políticos realizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral en 2011.

“El financiamiento privado ha sido la piedra angular sobre la cual descansa el sistema político guatemalteco, lo que reduce el ejercicio del derecho ‘a ser electo’ a una reducida ‘élite’ que puede financiar su propia campaña o conseguir un buen ‘financista’ ”, expresa el informe.

El documento, auspiciado por las Organizaciones de Estados Americanos, señala la importancia de comprender el financiamiento político, ya que esto brinda un panorama para comprender el funcionamiento del sistema político nacional y su incipiente desarrollo democrático.

El tema es complejo y no es para menos, ya que los políticos no quieren imponerse sus propias reglas. Eso queda en evidencia con el poco interés por aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso intentó revivir el debate, pero no logró el apoyo de los partidos con mayor presencia legislativa, Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Lider); ambas agrupaciones se traducen en 97 votos.

“Faltó voluntad política. Nosotros le dimos el tiempo al partido oficial y al partido opositor para que se pronunciaran. El partido oficial nos dio 35 enmiendas que no son las adecuadas, como el voto en el extranjero, cuotas de mujeres y el partido Lider no se pronunció”, declaró semanas atrás el presidente de la sala de trabajo, el diputado José David Echeverría.

Buscar consensos en temas que afectan los intereses de los partidos poderosos parece imposible, y así lo confirman los antecedentes. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos han estado en el ambiente en los últimos años. En 2004 y 2006 se aprobaron algunas modificaciones en “el tema del control y fiscalización de recursos, así como el tema de la tipificación de delitos y faltas electorales, quedaron ausentes”, reza el informe.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN
No cambiar las reglas en el sistema político esconde un interés. Los riesgos y peligros que puede generar la relación dinero y política fueron identificados por Acción Ciudadana en el documento titulado “¿Cuánto costó la campaña?”, donde se señala que existe desigualdad en la capacidad de difusión de ideas, pues aún si el dinero no gana elecciones, tiene un papel importante en la política.

Otro riesgo que enumera es que la falta de recursos impida que candidatos ajenos a los sectores económicos puedan participar en la política. Un peligro de corrupción puede ser “otorgar preferencia a financistas para las compras y contrataciones que realiza el Estado, que se otorgue puestos clave a financistas o allegados. Dar protección al financista en caso se levanten procesos judiciales y otorgar legislación y políticas a medios de comunicación que hayan donado publicidad gratuita”, resalta el informe.

De manera que la petición de ir eliminando el financiamiento privado es acertada, sin embargo, esto conlleva un compromiso de parte del ente fiscalizador para que se cumpla con la ley.

“Lo primordial es reformar la Ley Electoral, luego dar herramientas al Tribunal Supremo Electoral para hacer un ente coercitivo; mientras la entidad no esté fortalecida, creo que habrá poca probabilidad de erradicar un mal que todos tenemos detectado”, señaló el analista político Christians Castillo.

La misma ruta plantea el informe de Acción Ciudadana al mencionar que “aunque existan ciertas limitantes importantes, como las dos últimas, será difícil el cumplimiento de las disposiciones si no se cuenta con una autoridad electoral sólida, y si los aportes de financiamiento público no son sustantivos, obligando a los partidos a buscar financiamiento privado, aun teniendo que burlar la ley”.

EL RUMBO DE LA LEY
Aunque la mayoría de políticos se muestran anuentes a reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la realidad muestra otra cosa. Es un secreto a voces que los políticos no quieren imponerse nuevas reglas, y eso lo demuestran las débiles reformas del pasado, mucho menos abordar el tema del financiamiento y las maneras de transparentarlo

“Las reformas, cuando buscan abordar la discrecionalidad de los partidos, no prosperan. Recordemos lo que tuvimos en el 2004 y 2006 que fueron parches que no abordaron temas de fondo” explicó el analista.

Sin embargo, los diputados son optimistas e insisten que el tema podría avanzar este año. Así lo considera el subjefe de bancada del Partido Patriota, Luis José Fernández. “Creo que sí va a avanzar, si la agenda camina y hay mayor consenso de las enmiendas presentadas”, señala.

El dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Electorales recibió 35 enmiendas del Partido Patriota, que dejaban de lado las cuotas de mujeres, el voto en el extranjero, entre otros. Esto provocó que la propuesta ya no tuviera el despegue que se  esperaba.

Ahora solo queda esperar quién presidirá la sala de trabajo este año, para definir el futuro de las reformas. Pese a este escenario, algunos diputados insisten en buscar la aprobación de las dos primeras lecturas en los primeros meses para luego enviar a la Corte de Constitucionalidad la consulta sobre su contenido y así pueda aprobarse en tercer debate.

Las reformas a la Ley Electoral son una deuda pendiente del Congreso, de manera que si sigue mostrando poco interés en cambiar las reglas del juego se arriesga a seguir siendo una de las instituciones más criticadas y desprestigiadas ante la población.