Desde el 2011 empezaron a emerger casos del conflicto armado interno que implican a militares y guerrilleros en crímenes contra civiles. Un proceso ya llegó a sentencia y otro se tramita en primera instancia, pero las investigaciones continúan.

¿Por qué tanto tiempo después de ocurridos los hechos es posible llevar a los responsables ante un tribunal? ¿Por qué se habían mantenido ocultos desde la Firma de la Paz y qué pasará en el futuro? ¿Es el primer paso para la reconciliación?

Efraín Ríos Montt estuvo el pasado fin de semana tras las rejas, en el cuartel de Matamoros. El pasado viernes 10 de mayo fue conducido luego de escuchar la sentencia por 80 años dictada en su contra: 50 años por genocidio y 30 por deberes contra la humanidad.

Pero para llegar hasta ese punto, las víctimas, sobrevivientes y familiares esperaron más de 30 años. La denuncia estuvo engavetada y la muerte de 1,771 pobladores del área Ixil, ubicada en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, fue ignorada por varios funcionarios y oficiales del sistema de justicia.

Por otro lado, el jueves 2 de mayo Felipe Solano Barrillas, exguerrillero de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), conocido como teniente David, fue capturado en la 12 avenida y 6a calle de la zona 7, colonia Quinta Samayoa, frente a una escuela donde impartía clases.

El Ministerio Público (MP) envió un comunicado donde informó que lo acusaba de ordenar en 1988 la ejecución de 22 personas en la aldea El Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango.  El juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Chimaltenango lo ligó a proceso por los delitos de asesinato en forma continuada y deberes en contra de la humanidad, y lo envió a prisión preventiva por esos hechos.

Los familiares de los fallecidos en dicha masacre esperaron 25 años para que la muerte de sus seres queridos saliera de la impunidad.

CIRCUNSTANCIAS

Pero, ¿cuáles son las razones para que estos casos sean diligenciados tanto tiempo después? Jo-Marie Burt, profesora de la Universidad George Mason en Estados Unidos e investigadora sobre justicia transicional, opinó que en general, en lugares como Guatemala, que han vivido un conflicto armado interno, se mantienen estructuras de impunidad que imposibilitan la investigación, persecución penal y sanción contra los responsables de grandes violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

“En los últimos años, no solo en Guatemala sino en muchos países de la región se ha abierto un espacio para perseguir esos crímenes penalmente. Esto se debe a que internacionalmente se está fortaleciendo la convicción de que es obligación de los Estados investigar y sancionar esos crímenes, como es también el resultado de movimientos desde la sociedad civil, que en países como éste, Perú o Argentina no se rinden frente a la impunidad, sino van buscando formas de retarla y de llevar esos crímenes a juicio”, consideró.

En ese sentido acotó que la justicia es una forma de combatir la impunidad, restituir los daños causados en las víctimas y asegurar que no se volverán a cometer los crímenes que se juzgan.

“Las instituciones democráticas encuentran su razón de ser y comienzan a actuar. Ese es otro factor muy importante que vimos en Guatemala con la excelente actuación del Ministerio Público al investigar esos casos, independientemente de quién es responsable o no, porque son casos que no han tenido una finalidad fundamental”, opinó Burt.

ESTRUCTURAS DE IMPUNIDAD

Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), analizó que el hecho de que le tomara tanto tiempo al sistema de justicia dar espacio a las acusaciones y procesos penales por crímenes cometidos en el pasado tiene que ver con las estructuras de impunidad.

“Hasta hace poco las decisiones de sobre quiénes eran los magistrados de apelaciones y demás se hacían a puerta cerrada. En la medida que hemos ido logrando abrir y ventilar la impunidad dentro del sistema de justicia, en la medida que se ha ido avanzando en la visión que los jueces pueden y comenten prevaricato, en la misma medida se ha ido abriendo el espacio para que estos procesos vayan avanzando”, explicó.

Samayoa señaló que ahora se diligencian los procesos del pasado pero también hay que tomar en cuenta los del presente: “Todo lo que hemos avanzado en el proceso penal, es el resultado de combatir la cultura de la impunidad”.

“El primer paso fueron los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y un segundo paso fue la creación del Programa Nacional de Resarcimiento, que precisamente se ve debilitado y terminado en el sentido de que no tiene ya mayor trascendencia por la falta de voluntad política del Estado de reconocer la verdad.  Este tercer paso es el paso de la justicia, que esperamos vuelta a abrir la voluntad política para el reconocimiento de la verdad y por otro lado, para el resarcimiento”, acotó.

Al consultarle las implicaciones que podría tener el diligenciamiento de los procesos del pasado, Samayoa indicó que el reconocimiento de la verdad, la emergencia de verdades, es decir la discusión que ha surgido al respecto de lo ocurrido, que en muchos casos incluso se deriva al tema de la guerra no al tema de violación de derechos humanos, es importante porque Guatemala ha vivido en demasiado silencio.

“También trasciende el que las víctimas hayan podido hablar en el sistema de justicia, es importante porque vivieron todos esos dolores y hubo un Estado que los escuchó y de alguna manera estuvo atento a lo que les estaba pasando, eso lo estamos remediando como Estado, como sociedad”, concluyó.

SIN EQUIVALENCIA

En medio del juicio por genocidio contra Ríos Montt, el MP informó sobre la captura de un exguerrillero señalado de crímenes de lesa humanidad, aunque el proceso de investigación inició desde tiempo antes.

Ante la discusión que despertó el proceso penal contra el general retirado, muchos consideraron que la otra detención podría representar un contrapeso en las opiniones encontradas, pero la investigadora Burt opina que las investigaciones no dependen de los “bandos”.

“Mucha gente quiere creer que hay equivalencia entre un factor y otro factor, yo creo que si hay una violación de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad, un genocidio, venga de donde venga, se tiene que castigar. En el Perú, donde yo trabajo, se ha perseguido penalmente a personas de Sendero Luminoso, así como el ex presidente Fujimori y altos mandos militares por ese tipo de crímenes”, puntualizó.

Si se acredita un delito se tiene que investigar, porque todas las víctimas tienen derecho a la justicia, resaltó Burt, y agregó que no se puede dejar de recordar que en Guatemala se acredita que más del 90% de las víctimas del conflicto armado interno son víctimas del Estado. “A mí me preocupa llegar a un argumento falso de equivalencia”, apuntó.

Al referirse a la sentencia por genocidio indicó que “sin duda va a marcar un hito no solo para Guatemala, y no solo para Latinoamérica, porque es primera vez que se juzga a un ex jefe de Estado por genocidio, eso no es poca cosa, pero es más, es primera vez que se hace en un tribunal doméstico. Muchas veces este tipos de crímenes se investigan y se procesan en tribunales internacionales, como ocurrió en Yugoslavia, Ruanda y otros países”.

Por otro lado señaló que la justicia en Guatemala se está poniendo a prueba, ya que durante el proceso por genocidio se observaron muchos “intentos de descarrilar” el proceso utilizando todo tipos de recursos y amparos y “eso daña la institucionalidad democrática y eso daña el Estado de Derecho”.

“Ese juicio es también un hito para las personas que sufrieron en carne propia todos los actos de horror que escuchamos a través de las audiencias de este juicio. La justicia es una forma de reparación para las víctimas, para los sobrevivientes y los familiares, es una forma de reconocer el daño causado, y no se puede reponer la vida de una persona asesinada, de un niño perdido o robado, pero estás reconociendo el daño causado, ese es el primer paso a la reconciliación”, concluyó.

En contraste, José Garavito, de la Fundación contra el terrorismo opinó que antes de llevar estos procesos, hubiera sido mejor un «borrón y cuenta nueva».

«Mi participación política conocida en Guatemala es de extrema derecha, ultrarradical, y encima de eso yo me trago mi derechismo, mi anticomunismo, me callo la boca y no vuelvo a aparecer absolutamente en nada, pero cállense ustedes también, y no quisieron. Ellos están siguiendo la guerra, la están siguiendo en el ámbito jurídico, es la misma guerrilla», dijo enfático.

En ese sentido reiteró que a su criterio, se dejaron los Acuerdos de Paz a un lado, y la guerra sigue en el ambiente jurídico, «Qué nos queda a nosotros? gastarnos toda la plata que podamos tener en hacer nuestras investigaciones en cuanto a la participación de guerrilleros para enderezar las querellas penales».

En relación al juicio por genocidio señaló «tenían una prisa desesperada por condenar al general Ríos Montt y metieron la pata y ahora ese juicio definitivamente se les va a caer, porque hay doce recursos en la CC y cuatro apelaciones en salas del OJ, y cuando estos recursos salgan, automáticamente botan la sentencia», apuntó.

Por último, opinó que la captura de Solano Barillas por la masacre del Aguacate representó que solo tomaran al eslabón más «delgadito de la cadena».

«Agarrar a un gato, a alguien que no tenía ningún tipo de mando o valor como pieza en el tablero de ajedrez yo creo que lo hicieron solo para relleno, solo para que dijeran que a los dos mandos le estamos tirando, pero es insultar la inteligencia de los guatemaltecos; si  lo hicieran con los comandantes guerrilleros, otra canción cantaría el gallo» concluyó.

LAS INVESTIGACIONES

En el MP, la Fiscalía de Derechos Humanos y específicamente la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Internos, al año 2012 contaba con 15 órdenes de captura pendientes por crímenes de guerra, en contra de ex militares y ex policías, que están involucrados en hechos ilícitos cometidos durante el conflicto armado interno.

Un investigador informó que las órdenes de detención fueron giradas por jueces de primera instancia, y que se han realizado varios allanamientos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC); no obstante no se ha logrado hacer efectiva ninguna de estas.

La referida Unidad Especial del MP, hasta el momento conoce los procesos en contra de los generales retirados  Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes. También el proceso de Pedro García Arredondo, exjefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional y los casos por las masacres ocurridas en las comunidades Plan de Sánchez y Dos Erres, donde también es imputado el ex jefe de Estado condenado por genocidio.

La Agencia Especializada para la persecución penal de hechos ilícitos cometidos por personas pertenecientes a un grupo armado no estatal durante el conflicto armado, investiga a lo que algunos llaman el “otro bando”, es decir, a exguerrilleros

Dicha agencia se creó el  25 de noviembre de 2011, durante la actual administración de la fiscal general Claudia Paz y Paz y la integra un equipo de dos auxiliares fiscales  y la Jefatura a cargo de la fiscal Maribel de Carrera; actualmente trabajan en la investigación de ocho casos.

Según la información solicitada a través de la Unidad de Comunicación y Prensa, un punto importante que hay que tomar en cuenta para este tipo de pesquisas, es que estos hechos sucedieron hace varios años, por lo que los procesos de investigación  son más exhaustivos para poder recopilar todas las evidencias necesarias. 

“Por ejemplo, en esa época los miembros de los grupos armados no estatales utilizaban varios seudónimos, por ello, parte de la investigación es precisamente identificarlos con los nombres verdaderos”, cita la información.

La Fiscalía explica que para cada caso los investigadores han realizado entrevistas, consultas bibliográficas, análisis de documentos, así como coordinaciones interinstitucionales; también ha sido necesario ir esclareciendo los hechos con documentación de respaldo para confirmar las versiones tanto de los denunciantes como de los sindicados. Esto permite a la agencia determinar si los delitos estaban vinculados con el conflicto armado.

“Durante los procesos algunas personas implicadas han colaborado brindando declaraciones, que han servido para depurar los listados de los presuntos sindicados. A través de las declaraciones, se ha establecido que varias personas ya fallecieron, que están desaparecidas desde el conflicto armado o que  durante ese período todavía eran niños y que no podían estar implicados  en los hechos”, se explica en dicho documento.

El resultado más importante es la captura de un exintegrante de ORPA, aunque podría haber novedades en otros casos que implican a exguerrilleros en crímenes de guerra.