A finales de abril pasado, el Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, luego de una reunión de Gabinete informó que Guatemala decidió unilateralmente suspender la consulta popular programada para el 6 de octubre, acerca del diferendo territorial con Belice, argumentando que no existían las condiciones adecuadas para llevarla a cabo como se tenía planificado y obtener un resultado positivo. El Ministro expuso además que se continúa el coloquio con Belice y aseguró que “no estamos cerrando con esto para nada el coloquio con la OEA y el gobierno de Belice, sino que todo lo contrario para continuar el diálogo y acordar una nueva fecha y saber cuáles son las condiciones que nos permitirían cumplir con lo que se ha pactado”.

No obstante, de manera inmediata el presidente Otto Pérez Molina, ordenó la disolución de la Comisión de Belice, integrada por un grupo de profesionales probos, una decisión que fue tomada de manera abrupta y apresurada, probablemente indocumentada y desinformada, sin análisis ni estudio sobre las consecuencias de tal disolución, sin haber analizado previamente los múltiples informes que al respecto se habrían producido para los ministros Haroldo Rodas y Harold Caballeros, utilizando como pretexto el desconocimiento de cambios introducidos por el Gobierno Beliceño a su Ley de Consultas Populares, por parte de la Comisión, pero tampoco creyendo el argumento real que fue por la manipulación deshonesta que los beliceños conspiraron e hicieron lo que quisieron con las leyes internas para beneficiarse y descarrilar el proceso en contra de los intereses de Guatemala.

Dicha información, es decir, todo el conocimiento sobre los cambios introducidos por el Gobierno beliceño a su Ley de Consultas Populares debió haber sido enviado oportunamente por su embajador en Belice, ya que esa es la función clave del funcionario embajador, ser los ojos y oídos del Canciller y del Presidente en el exterior, y tarea del Ejecutivo informar inmediatamente a la OEA y a la CIJ sobre el manipuleo interno de dichas leyes. No era una función ni misión de la Comisión para descargarle la responsabilidad y castigar con la disolución, sin saber que al hacerlo, también castigaba a todo el pueblo de Guatemala.
Un mes después el presidente Otto Pérez Molina dijo que Guatemala esperaría “mejores condiciones” para reprogramar una nueva fecha para la consulta popular simultánea por el diferendo territorial, marítimo e insular con Belice. También dijo que crearía la “Comisión de Alto Nivel” para tratar el asunto.
El 18 de junio de 2013, Paulina Albani periodista del diario La Hora recogió declaraciones del Canciller Carrera con relación del tema de Belice, donde Carrera no solamente expuso que la Consulta Popular para tratar el tema de Belice quedaba cancelada, sino que también era una de las cinco “prioridades” de esa cartera.

Pero ya han pasado siete meses y las decisiones del Ejecutivo aún no aparecen y el pueblo guatemalteco desea saber qué es lo que se vislumbra en torno al proceso ya iniciado. Mientras CARICOM presiona para que Belice celebre unilateralmente la Consulta Popular y aprovecha sus mejores condiciones, en Guatemala a solo tres días de la fecha pactada para el plebiscito, ni se ha nombrado la ofrecida “Comisión de Alto Nivel”, ni se ha informado sobre la nueva fecha del plebiscito, ni se toma ninguna acción en términos de “prioridad” para el manejo apropiado del proceso en el reclamo ante la Corte Internacional de Justicia.
Todo mundo sabe que el no hacer nada también es una estrategia, pero en el caso de Belice, esta preocupante estrategia, sí resulta ser eso, hoy favorece exclusivamente a los beliceños.
Durante años la Combel no solamente hizo evolucionar el Caso de una cuestión eminentemente limítrofe a un Diferendo Territorial, Insular y Marítimo, cuyo contenido y méritos serían sometidos al conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, sino también con anticipación logró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) los oficios para llevar a cabo la Consulta Popular simultánea.

El pretexto por el que se hizo disolver la Combel está claro, sin embargo, las razones de fondo las desconocemos todos los guatemaltecos. El Ejecutivo puede y debe tomar decisiones, pero el pueblo exige conocer las verdaderas razones por las que esa decisión en contra de los intereses nacionales fue tomada y en su defecto, por qué no toman nuevas las decisiones en torno al caso Belice.