Dentro de los aspectos significativos del proceso penal llevado por la acusación en contra de los dos generales retirados, por hechos acaecidos hace más de 30 años y luego de un largo proceso de discusión sobre si debiera o no existir un juicio en su contra, no pueden dejarse de lado las múltiples expresiones de apoyo, ya sea hacia los militares, o bien hacia las víctimas de sociedad civil del conflicto armado interno.
Además de ello, existe una situación importante que se ha descubierto durante este proceso, especialmente en cuanto a la participación de la sociedad en su contexto, ya sean las redes sociales, los medios de comunicación, columnistas, expertos, técnicos, políticos y la lista es larga. Esta situación pasa mucho por no tener una tolerancia en cuanto a las distintas posiciones que ambas partes apoyan y bajo parámetros no siempre afortunados. Y es que las manifestaciones de apoyo por parte de las víctimas del grupo Ixil, se han extendido a otras etnias indígenas y defensores de derechos humanos, que han visto la oportunidad histórica de un juzgamiento de autoridades que ejercieron el poder durante el conflicto armado, quienes no fueron responsabilizados de hechos delictivos cometidos en contra de la población civil. Y ese punto es necesario de resaltar, porque las acusaciones para los militares de la época son por las agresiones que se cometieron a la población civil, no en contra de los insurgentes. Todo ello documentado y probado mediante los informes del CEH y el REHMI.
Ese elemento hace la diferencia entre un crimen y una muerte de guerra. Justo es reconocer que en operaciones militares se involucraban a espías, infiltrados y parte de la población que materializó su ayuda a la insurgencia, algunas veces por simpatía y otras por miedo a los propios guerrilleros, quienes además del adoctrinamiento que se obligaba a escuchar, también infundían temor en caso de no querer colaborar con ellos. Equívoco es, atacar a la totalidad del Ejército por los excesos que se cometieron en la época, porque no todos lo hicieron, y a la fecha, las fuerzas armadas representan otra generación cuya misión está más comprometida con la población y el combate a otros enemigos, como los desastres naturales, el narcotráfico y el crimen organizado.
Por su parte, los familiares y amigos de los militares, han unificado su lucha en contra de los acusadores de ambos generales, formando una lucha que pareciera justificar los excesos de la guerra, acusando también a la guerrilla de crímenes y violaciones a los derechos humanos a la población, de lo cual también se tiene documentado en los informes ya mencionados, así como los crímenes también cometidos por los guerrilleros. La idea de represión, sin embargo, pesa más sobre los militares, por hacer uso de medios del Estado. Pero no hay respuesta sobre esos excesos cometidos por el Ejército a la población civil, y eso hace que se confundan las intenciones, porque no se separan los objetivos de apoyo al Ejército y sus miembros, de los crímenes cometidos.
La polarización entonces se marca, principalmente por la falta de tolerancia y la falta de debate sobre los verdaderos hechos y autores.
Pero más aún, aquellas nuevas generaciones, de ambas partes, que no vivieron el conflicto y solo conocen la historia por libros o influencias familiares, o aquellos que aun habiéndolo vivido prefieren no emitir opinión, ni debatir, ni conocer, ni aprender; esos indiferentes o “neutrales” como se denominan, son los más peligrosos, porque sencillamente enseñan y practican a dejar una etapa del pasado, en el más profundo de sus silencios.