El pasado día martes, nos enteramos mediante diversas noticias de prensa que Guatemala había pasado a formar parte de la lista de los denominados Paraísos Fiscales (Países no cooperativos en brindar información fiscal), según el Gobierno francés, razón por la cual la cooperación social de dicho país ya no podrá seguir colaborando con Guatemala y de igual manera se pretende que otras instituciones públicas francesas tampoco lo hagan.

Entiendo perfectamente la responsabilidad que nos corresponde a quienes generamos renta en cuanto al pago de impuestos y la necesidad que existe en un país como el nuestro de que todos contribuyamos de alguna manera para compensar las enormes desigualdades que aquí existen, sin embargo, no estoy en absoluto de acuerdo en que no se perciban los enormes esfuerzos que ha realizado Guatemala, como la eliminación de las acciones al portador en nuestras sociedades o la reforma fiscal que vino a cambiar todo el espectro impositivo, a tal grado que contamos hoy con una nueva ley de impuesto sobre la renta y otra serie de leyes como las antievasión que vinieron a cumplir o satisfacer los requisitos que nos imponen las instituciones financieras mundiales a efecto de cumplir con determinadas metas tributarias.
    
     De conformidad con la página web de CNNExpasión, “el ministro de Desarrollo, el ecologista Pascal Canfin, está detrás de esta iniciativa, que pretende mostrar la ejemplaridad de Francia en un momento de ofensiva internacional contra la opacidad de los paraísos fiscales.” Sin duda desde la orilla del Sena y tratando de arreglar el mundo by the book, el señor Canfin debe de pensar que nuestra realidad es como la de ellos, en donde todos o cuando menos la mayoría de los ciudadanos y empresas tributan y las tasas de evasión son mínimas, en comparación con la realidad de nuestra Guatemala, en donde un escaso y cada vez más reducido porcentaje de personas tenemos que soportar la totalidad de la carga tributaria, mientras otro montón de ciudadanos viven en la economía informal o se dedican abiertamente al contrabando o la defraudación, ante la pasividad, ineptitud o negligencia de nuestras autoridades que siguen encontrando más fácil auditar y perseguir al que ya paga que molestar a quienes se encuentran al margen de la ley.
    
     No se cuánta cooperación francesa venga a Guatemala y en consecuencia poco puedo opinar en cuanto al efecto que tenga la decisión en ese sentido, lo que sin duda puedo medir es el enorme daño que una genialidad como esta trae al país, pues lejos de percibirnos como un Estado que hace sus esfuerzos por cumplir con las reglas que otros ponen, desde ya nos meten al mismo canasto de los malos, sin especificar siquiera cuáles fueron los parámetros para tomar esa decisión. Por lo pronto aquí, en donde cada quien hala agua para su molino, ya hasta el Presidente se ha apresurado a decir que esto es porque en Guatemala aún hay secreto bancario. Cuánto daño puede hacer un irresponsable con poder del otro lado del mundo.