El primer año de una nueva legislatura en el Congreso concluyó con más penas que glorias; solo 34 decretos fueron aprobados por los congresistas y la mayoría correspondiente a temas financieros, mientras que la agenda social y de transparencia se quedó en el tintero. El atraso de varios meses para aprobar leyes fundamentales para el país y la premura para votar a favor de proyectos de beneficio específico, algunos de los cuales ni fueron leídos por muchos diputados, hacen que emerja el cuestionamiento: ¿Para quiénes legislaron los diputados?

La legislatura empezó con la experiencia de unos y la novatada de otros, pero las ansias de protagonismo empezaron a cuajar desde los primeros meses. Noventa diputados se estrenaron en sus curules y no necesitaron mucho tiempo para aprender las tácticas en el Pleno que ya conocían sus 68 experimentados compañeros.

Al final lograron que el año cerrara con 34 decretos aprobados, pero no todos fueron promovidos para defender los intereses de las mayorías, como se espera de su representación.

Aunque los legisladores parecieron quedar conformes con lo aprobado, varios grupos de la sociedad civil se quedaron con mal sabor de boca al no lograr que los temas de interés nacional lograran avanzar. La agenda social y de transparencia parece ser la tarea pendiente.

“Los diputados legislaron para intereses particulares, fundamentalmente para el capital privado, y las evidencias están más que a la vista”, opinó Jorge Santos, analista del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

“Si bien aprobaron la Ley contra la Corrupción, fue después que el CACIF dio su beneplácito. Existen varias iniciativas que confirman el interés de legislar para el gran capital nacional”, señaló el analista.

Esta postura es respaldada, según Santos, por varios decretos, como las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, normativa que amplía el plazo de usufructo beneficiando a importantes empresas, y por ello no sorprendió que avanzara de urgencia nacional con 105 votos. Aunque el tema no figuraba en agenda, sorpresivamente se incluyó por la orden que alguien dio, aunque los diputados aún no han querido pronunciarse al respecto.

Algunos diputados,  que no apoyaron el proyecto, reconocieron que la ley beneficia a un grupo en particular. “Nosotros, como partido, no estuvimos de acuerdo, ya que no conocimos  el proyecto y no fue ampliamente discutido, pero lo que se dice es que lo que busca es favorecer a un conglomerado de telecomunicaciones y que por eso se hizo con esa premura”, señaló el jefe de bancada de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira.

Este tema provocó que el Sistema de Naciones Unidas se pronunciara y la Comisión por la Transparencia solicitara el veto presidencial, pero ambas posturas fueron obviadas por el Ejecutivo, lo que evidenció el pago de favor de campaña, según algunos diputados.

Otro tema que pasó sin mayor problema fue el presupuesto de ingresos y egresos de 2013; el interés del oficialismo fue evidente al no compartir el dictamen con el resto de agrupaciones, que no conocieron la iniciativa sino hasta el día de la votación.

Entre las agrupaciones que criticaron la acción estaban CREO y Encuentro por Guatemala, que finalmente no la apoyaron. La diputada Nineth Montenegro sacó a luz los recursos asignados a Finanzas y puso en el ambiente la duda de posibles cambios en el Listado Geográfico de Obras, herramienta que representa la mayor negociación para los partidos políticos.

En los 34 proyectos aprobados se evidenció el interés de los diputados para impulsar sus agendas particulares, mientras que en las iniciativas estancadas –Ley de Desarrollo Rural, alguna ley que combata el robo de celulares, y el paquete de transparencia– quedó claro cuáles son los temas que les incomodan o no les interesan.

ERRORES PARA ENMENDAR
La Ley de Actualización Tributaria, que impulsó el Ejecutivo y su fuerza oficialista en el Congreso, fue uno de los primeros decretos en ser aprobados en la actual legislatura. Bastaron unas horas para que los diputados le dieran luz verde. Sin embargo, la premura le está pasando la factura al Legislativo, ya que meses después se percataron de varios errores cometidos y ahora están buscando enmendarlos con nuevos proyectos de ley.

“Se trató de corregir los errores que tenía, sin embargo, debieron hacerse 40 enmiendas, pero la ley se empezó a discutir a las ocho de la noche y se aprobó a la una de la mañana; se hizo lo que se pudo, pero esa ley tiene muchos defectos que se están evidenciando; con esa ley de Aduanas se viene a corregir los errores que se cometieron”, señaló el diputado independiente Alejandro Arévalo.

Otro tema que sigue generando debate es el presupuesto; la semana pasada, la diputada Nineth Montenegro señaló que organizaciones no gubernamentales denunciadas en el Ministerio Público siguen figurando en el presupuesto 2013, por lo que en enero continuarán promoviendo una acción de nulidad parcial que presentarán a la Corte de Constitucionalidad.

TRANSPARENCIA, EN EL OLVIDO
Aunque el paquete de leyes de transparencia fue entregado con bombos y platillos en marzo pasado, ningún proyecto fue aprobado. Si bien la Ley contra la Corrupción tuvo luz verde, la normativa figuraba en el Congreso desde el 2002, cuando se presentó el primer proyecto.

La Comisión de Transparencia intentó revivir el dictamen de la 4461, propuesta que incluye reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, cambios a la ley de la Contraloría General de Cuentas así como a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Sin embargo, el esfuerzo del diputado Amílcar Pop no tuvo éxito.

El otro proyecto que incluye las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la Ley de Probidad, la Ley del Organismo Ejecutivo, así como las modificaciones a la Ley de Servicio Civil, también quedó en el olvido. Sin embargo, el interés por los temas volvió a la palestra por la intención de incluir la creación de la Secretaría de Transparencia. No obstante, el tema será motivo de discusión el próximo año.

Los entrevistados coinciden en que es necesario escuchar a los distintos sectores, de lo contrario se corre riesgo de aumentar la conflictividad social. Muestra de ello, es la presión que siguen ejerciendo los grupos campesinos por la Ley de Desarrollo Rural.

 “Nosotros vamos a insistir”, sentenció Daniel Pascual. Con ello, se espera que el panorama para el próximo año mejore el diálogo, de lo contrario la credibilidad del Congreso, al momento de conocer leyes de interés general y de beneficio particular, quedará aún más desgastada.