La Fiscalía Contra el Crimen Organizado ha establecido que en el 90 por ciento de los casos de secuestros están involucrados familiares de las víctimas o personas cercanas a las víctimas.
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Actualmente el Ministerio Público (MP) intenta individualizar a las personas que podrían coordinar los secuestros desde las cárceles del país; además, afirma que en la mayoría de esos ilícitos están involucrados familiares de los secuestrados.
La citada fiscalía también prevé un incremento de estos hechos durante diciembre próximo y recomienda tomar precauciones.
INVESTIGACIONES
Rony López, titular de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, confirmó: «En la mayoría de secuestros, quizá en un 90 por ciento de casos hay personas muy cercanas al secuestrado», declaró el fiscal.
López añadió que los familiares o personas cercanas a la posible víctima de secuestro «saben el estatus económico de la familia. Se genera así un interés económico de sustraer de forma ilícita el dinero», explicó el investigador.
El entrevistado previó el incremento de secuestros en el mes de diciembre, por lo que recomendó tomar precauciones y no dar datos de información personal a desconocidos.
Actualmente, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado analiza una serie de chips y celulares, incautados en dos cárceles del país, estas son: Chimaltenango y Santa Rosa. «En ellas se localizó información directamente vinculada a los secuestros y eso está impidiendo algunas acciones de los secuestradores», afirmó López.
PUNTO DE VISTA
Eduardo de León, analista de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó: «el crimen organizado ha extendido sus tentáculos a las unidades más cercanas al entorno familiar y ha hecho un entretejido que efectivamente les hace posible operar con relativa facilidad», explicó.
A criterio del analista, ese hecho muestra la «descomposición social y vulneración de los valores de unidad y solidaridad» en el país.
«No es culpa de la gente sino de un sistema que opera y destruye y genera una cultura de consumismo de conseguir dinero fácil. Es más bien la necesidad creada por la sociedad, se han ido enseñando menos valores por el propio sistema», opinó De León.
El entrevistado criticó la falta de políticas de Estado para la prevención y el control de las acciones del crimen organizado: «existe inefectividad de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia de contrarrestar la tendencia al secuestro. No hay capacidad de investigar y desarticular a esos grupos, lo que les hace operar con mucha facilidad», aseveró.
El Tribunal Tercero impuso la condena de 25 años de cárcel para tres acusados del secuestro de Estuardo Adrián Gálvez Guerra, de 15 años.
Los sentenciados fueron Miguel íngel Yanes Calderón, César Augusto Calach y Hugo Alexander Castillo Gálvez, primo de la víctima, quien fue capturado cuando la familia simuló la entrega del dinero exigido por los secuestradores.