El Movimiento de Desarraigados y la Defensorí­a del Pueblo Maya (DPM) exigen a Carmen Urí­zar, ministra de Energí­a y Minas, la documentación que avala la exploración para construir tres hidroeléctricas en Alta Verapaz.

Francisco Raymundo, representante de la DPM, señaló al MEM de incumplir con la legislación nacional, que es respaldada por la reciente Declaración de Derechos de los Pueblos Indí­genas de la Organización de Naciones Unidas, en donde se establece que los pueblos tienen el derecho de oponerse a las decisiones que les afectan negativamente.

«No ha habido respeto a la propiedad de los pueblos indí­genas (…) en junio hemos conversado con la ministra (Urí­zar) y por medio de una petición por escrito solicitamos el expediente, pero hasta el momento ha habido una respuesta», indicó Raymundo.

Al cierre de esta edición, el MEM no se pronunció al respecto, a pesar de intentar en repetidas ocasiones comunicarse con las autoridades de esa dependencia.