La Fiscalí­a de Menores Ví­ctimas presentó recientemente un informe sobre los casos de niñas o niños robados, el cual indica, entre otros aspectos, que se puede determinar la existencia del crimen organizado con fines de adopción.

Alex Colop, jefe de la referida fiscalí­a del Ministerio Público (MP), comentó que el hecho implica «un sinfin de concurrencia de delitos», y agregó que es necesario determinar el móvil de los hechos, pues se conocen casos de denuncias por robos con violencia, problemas familiares y con fines de adopción.

Colop indicó que en algunas veces se conocen casos en los que los infantes son robados y es alterada la partida de nacimiento para luego cambiarles el nombre. Posteriormente los plagiarios falsifican la cédula de vecindad y luego inician el proceso de adopción de las ví­ctimas.

El primer punto de la investigación descarta si existe consentimiento de los padres de los menores, pues hay casos en los que se presentan denuncias, luego de aprobar la entrega del niño o niña en adopción.

Debilidad

La investigación que efectuó el MP en relación al tema indica que existe «debilidad en el Registro Civil», ya que hay personas que participan dentro de éste, puesto que cuando los niños son presentados ante un notario «ya tienen la papelerí­a alterada». El MP investiga la implicación de notarios dentro de esta estructura.

En el año 2006 se elaboró un informe donde se indicaba la depuración que notarios efectuaban para dar a los niños o niñas en adopción, en el que se percibí­an irregularidades como la alteración de los documentos que serví­an para inscribir a los infantes.

Proceso penal

Entre las pesquisas que realiza el MP, en forma conjunta con la municipalidad de Quetzaltenango, se han identificado algunas municipalidades, tanto en el interior como en el departamento citado.

La fiscalí­a de Quetzaltenango ya se pronunció respecto a estos hechos, solicitando la orden de aprehensión en contra de las personas involucradas en estos delitos.

No fueron revelados los nombres de las personas que serán ligadas a proceso penal por efectos de la investigación, sin embargo se sabe que son personas pertenecientes al registro civil de las municipalidades.

Legislación pobre

Finalmente el fiscal que presentó el informe indicó que Guatemala es un paí­s vulnerable porque la legislación «se quedó estancada con respecto a la niñez», y ejemplificó que «el delito de explotación sexual a menores» está sancionado con una multa de casi 3 mil quetzales.