Las autoridades chilenas buscan determinar el grado de contaminación con plomo y arsénico que habrían sufrido miles de personas que viven en las cercanías de un lugar en la norteña ciudad de Arica donde 25 años atrás fueron depositadas 20 mil toneladas de desechos tóxicos provenientes de Suecia.
Tres ministros viajaron el lunes a Arica (2 mil km al norte de Santiago) para dialogar con los cerca de 3 mil afectados y anunciar un plan de acción para revertir los efectos de la contaminación, denunciada por un programa de la televisión privada chilena.
El plan de acción incluye un estudio para determinar los reales alcances de la contaminación, la entrega de medicamentos para combatir los efectos del plomo sobre el organismo y una posible evacuación de los habitantes de las poblaciones involucradas.
«Este acuerdo nos permitirá crear un plan integral de salud que contará con la ayuda de los especialistas más respetados del país», anunció la ministra de Medio Ambiente Ana Lya Uriarte.
Vecinos de tres poblaciones pobres de Arica levantadas en las cercanías del acopio denuncian desde hace años graves consecuencias a su salud producto de la prolongada exposición al plomo y arsénico, que circulan naturalmente en el medioambiente pero que en altas cantidades provocan serios daños.
Los afectados, muchos de ellos niños, dicen sentir intensas cefaleas, dolor de huesos, enrojecimiento de encías y lesiones cutáneas, entre otros síntomas, junto a problemas de lenguaje, aprendizaje y memoria, coincidentes con la literatura científica asociada a este tipo de contaminación.
La contaminación data de 1984, cuando la empresa chilena Promel importó durante la dictadura de Augusto Pinochet unas 20.000 toneladas de desechos tóxicos de la compañía sueca Bolliden Metal.
Las autoridades de la época autorizaron el ingreso al país del cargamento rotulado bajo el concepto de «barros con contenidos metálicos» y aseguraron que no eran tóxicos. La empresa dijo que existía oro y plata entre sus elementos.
Pero según estudios posteriores, los barros contenían un 17% de arsénico y altos índices de hierro y plomo.
En diciembre de 1993 la empresa Promel abandonó los residuos, argumentando que no era rentable tratarlos. Con el crecimiento de la población, la ciudad de Arica (en el límite con Perú) creció y se construyeron poblaciones cerca del antiguo parque industrial que fue sellado y pavimentado.
Son los habitantes de esas poblaciones aledañas los que denuncian la contaminación, mostrando especialmente a niños con daños y manchas sobre la piel.
Los residuos fueron posteriormente removidos de este lugar, pero según recientes informes periodísticos en las cercanías aún es posible encontrar altos índices de elementos tóxicos. La falta de lluvias en la zona favorece que las toxinas se mantengan en su sitio.