Esta mañana, los diputados de la bancada de Encuentro por Guatemala (EG) se reunieron con sindicalistas de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), para conocer sobre anomalías en el usufructo de esta entidad.

La representante de EG, Nineth Montenegro, afirmó que se le estuvo impidiendo el ingreso al área de la portuaria por más de una hora, algo que la legisladora señaló como ilegal. Montenegro agregó que el recorrido por la EPQ lo realizaron sin acompañamiento de personal administrativo de dicha entidad, lo cual ella considera como una forma de evitar cuestionamientos de parte de los directivos de EPQ, explicó la congresista.

 Montenegro dijo que tenía programada una cita con el interventor de EPQ Allan Marroquín y los sindicalistas, pero que después Marroquín canceló. Javier Reyes, líder sindicalista, señala que el interventor permanece en su empleo de forma inconstitucional, pues el cargo según, la ley, debe ser sólo por seis meses y éste ya lleva un año en dicho puesto, explico Reyes.

La diputada de Encuentro por Guatemala aseguró que citará al interventor a su bancada, ya que se han denunciado muchas anomalías en el proceso del usufructo, desde su inicio en el mes de mayo del 2012.

Los sindicalistas, liderados por Reyes, denunciaron que la EPQ está pagando a precios muy bajos el arrendamiento del metro cuadrado, ya que el contrato establece que se debe pagar a veinte centavos de dólar, pero los sindicalistas aseguran que el precio real es de ocho dólares.
El grupo del sindicato de la EPQ también denunció que se tomarán nuevas medidas legales, si no se reintegra de nuevo el diálogo con los representantes del Gobierno para dar solución a todas las denuncias y amparos que han hecho al Ministerio Público (MP) y a la Corte de Constitucionalidad (CC), las cuales, según los sindicalistas, no avanzan es el proceso.

En otras denuncias que realizó el grupo sindical están que ellos consideran que el ochenta por ciento de las ganancias de la EPQ se quedarían con la empresa que tomó dicha entidad en usufructo”, “la portuaria ganaría más sin el usufructo”, aseguraron los sindicalistas.

Montenegro explicó que el principal motivo de su visita fue para verificar la construcción de un muelle en el área en usufructo de la EPQ, pero que estas acciones pueden considerarse inconstitucionales, ya que se está ocupando espacio marítimo, el cual es un espacio público. Ayer el diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció que su bloque legislativo ya presentó un amparo a la CC por dicha construcción. Según la asesora de Montenegro, Paola Rivera, lo que ellos pudieron verificar es que aún no hay indicios de que se inicie una construcción y que es posible que se haya interrumpido a causa de las diversas denuncias en el MP y amparos en la CC.

“No es posible que el usufructo de la EPQ siga funcionando, pues esta presenta muchas irregularidades en su contrato, como iniciar con un capital mínimo de cinco mil quetzales, por una inversión de noventa millones de quetzales”, explicó Montenegro.