El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) monitorea la situación de los cuatro municipios donde se restringieron las garantías con un Estado de Sitio, en medio de un conflicto por la minería.

Mediante el Decreto Gubernativo 06-2013, el Gobierno de Guatemala declaró el pasado 2 de mayo el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa

Rootman Pérez, subdirector de Procuración de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, comunica que a raíz de esta decisión, la PDH pidió a los ministerios de Gobernación, Defensa y al Ministerio Publico, informes circunstanciados para conocer los detalles de los operativos de las autoridades en ese momento.

Agrega que a la fecha, los informes ya fueron remitidos a los expedientes correspondientes, después de varias solicitudes de prórroga, y que por el momento se encuentran en investigación.

“Como parte de estos informes, la PDH solicitará la ampliación de estos por considerar que hay aún información importante que se pudiera recabar. Y como consecuencia de esta nueva solicitud, la ampliación corresponde con circunstancias propias del Estado de Sitio”.

Respecto a la limitación de garantías, Pérez menciona que por el momento solo existe un informe rendido por el MP sobre la situación, que da detalles de cómo surge la investigación, que va directamente relacionada con los hechos violentos que acontecieron en el área.

“En este momento no quisiéramos hacer un pronunciamiento a priori, porque habría que abordar, en primer término, toda la investigación. Y posteriormente, después de haberla concluido haremos un pronunciamiento”.

Sin embargo, cuestiona, que este informe indica, desde la percepción del MP, las razones que motivaron las distintas órdenes de aprehensión.

“Tenemos, de acuerdo con este informe, que se solicitaron 18 órdenes de captura y se realizaron por lo menos 84 allanamientos. Es decir, que de acuerdo con la línea de investigación del MP, este tipo de operativo surge como consecuencia del robo de explosivos, la detención ilegal de varios agentes y el robo de sus armas de fuego”.

Pérez insiste en que debe finalizar la investigación para que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, emita el pronunciamiento correspondiente.

Además,  menciona que actualmente 12 personas que fueron capturadas cuando se implementó esta medida,  aún continúan aprehendidas, y que auxiliares de la PDH los entrevistaron para conocer su situación jurídica.

“Hay auxiliares de la PDH en el lugar y ellos constantemente monitorean la situación, adicionalmente desde la sede central contamos con el monitoreo de la situación jurídica de las personas que se encuentran detenidas”.