La Comisión Europea anunció hoy la apertura de una investigación contra España por las ayudas fiscales concedidas a las empresas españolas que compran compañí­as extranjeras, y que podrí­an abarcar cifras multimillonarias.

Según indicó en un comunicado, Bruselas apunta a la denominada «Ley del Impuesto sobre Sociedades española» que permite a las empresas de ese paí­s practicar deducciones fiscales cuando adquieren una participación en grupos no españoles.

En efecto, un artí­culo de esa ley establece que desde el 1 de enero de 2002 «las empresas españolas pueden amortizar el fondo de comercio financiero que resulta de la adquisición de participaciones significativas en empresas extranjeras durante los 20 años siguientes a la adquisición».

Según la Comisión, el régimen en cuestión «parece establecer una excepción al sistema fiscal general español».

«A la Comisión le preocupa que el régimen confiera una ventaja a las empresas españolas a la hora de adquirir empresas extranjeras», señaló Bruselas, que teme que el régimen «incite el establecimiento en España de sociedades de cartera internacionales».

Las investigaciones de la Dirección General de Competencia se iniciaron tras varias preguntas de eurodiputados y denuncias formales por la compra de la compañí­a eléctrica escocesa Scottish Power por el grupo español Iberdrola.

Los cuestionamientos también abarcan otras grandes adquisiciones de empresas españolas en el extranjero, en concreto la del operador de telefoní­a móvil británico O2 por Telefónica, así­ como ofertas, como la de los grupos Sacyr, Albertis y Cintra para la concesión de autopistas en Francia.

Estos beneficios fiscales han podido reportar a las compañí­as españolas unos ahorros multimillonarios en los últimos años.

Se calcula que, por ejemplo, Iberdrola o Telefónica habrí­an podido desgravarse unos mil millones de euros en sus recientes adquisiciones fuera de España.

En estos momentos hay en marcha además otra macro OPA externa, la del banco holandés ABN AMRO, en la que participa el Santander junto al belgo-holandés Fortis y el británico Royal Bank of Scotland, aunque la Comisión no confirmó si esta operación estaba incluida en la investigación.

El inicio de la investigación permite a los interesados formular observaciones sobre las medidas examinadas y no prejuzga la decisión definitiva de la Comisión.

Si en la investigación se concluye que el régime constituye una ayuda incompatible, España podrí­a verse obligada a recuperar las ayudas concedidas ilegalmente.