Investigadores policiales manifiestan preocupación por la exposición de información personal que se devela en algunos procesos legales, donde los sindicados conocen la identidad de quiénes los detienen.

Una requisa en la cárcel de El Boquerón, realizada en junio pasado, permitió conocer el hallazgo de un informe del Centro de Recopilación, Análisis y Difusión de Información Criminal (CRADIC), en el cual hay un desplegado de números telefónicos que se entrega a los fiscales que llevan el caso, para profundizar en las investigaciones de un sindicado.

De acuerdo con los investigadores, ésta no ha sido la única requisa en la cual encuentran información confidencial trasladada a los fiscales; lo preocupante para los investigadores policiales, aún más es la develación de información personal de ellos.

«Preocupa, porque los informes llevan nuestro nombre, número de cédula, en qué unidad estamos y otros datos; nos coloca en una posición de riesgo, porque los delincuentes llegan a conocer quiénes somos y cómo trabajamos», dice un agente policial, quien opta por el anonimato.

Según las fuentes, la información es trasladada a los fiscales del caso, quienes entregan los expedientes a los abogados defensores, de quienes se cree, son los que proveen los informes a los sindicados.

El dí­a de la requisa, los privados de libertad de El Boquerón, aparentemente fueron tomados por sorpresa, pues no imaginaban que se realizarí­a una verificación de la cárcel; en esa ocasión se halló una computadora portátil, modem para internet, evasores de bloqueadores, chips, teléfonos celulares y buena cantidad de marihuana.

RESPONSABILIDADES

De acuerdo con Sandino Asturias, analista de seguridad y director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), debe ser prioridad establecer cómo los documentos llegaron a manos de los detenidos, porque los procesos legales deben ser confidenciales.

Según Asturias, es importante conocer cómo se infiltra la información, lo cual entorpece las investigaciones y expone a los policí­as que trabajan de buena fe.

«Esto es grave porque vulnera los procesos de seguridad y justicia, nos damos cuenta de que hay infiltración de corrupción», analiza.

El profesional concluye en la importancia de conocer quien infiltra estos documentos y de verificar el papel que desempeñan los abogados defensores.