La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que existen elementos relevantes para considerar que la muerte de seis campesinos la semana pasada, podría comprometer la responsabilidad del Estado bajo la figura de ejecución extrajudicial o arbitraria.
De acuerdo con el Informe “Totonicapán: 4 de octubre”, presentado por esa oficina, pobladores que se encontraban en el sitio, el día del incidente, indicaron que miembros del ejército dispararon contra los vecinos de los 48 cantones; al inicio los soldados dispararon al aíre, sin embargo durante un lapso aproximado de 10 minutos, se escucharon las ráfagas de los disparos pero no se pudo constatar hacia donde se dirigían.
El informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado es producto de una misión de observación en los departamentos de Sololá y Totonicapán, donde se entrevistaron con víctimas, testigos, autoridades indígenas y autoridades de Estado, a nivel local; posteriormente se se recopiló información de autoridades estatales; los hechos acaecidos la pasada semana en Totonicapán entre pobladores y fuerzas del orden, dejaron seis manifestantes muertos y al menos 30 heridos.
La oficina afirmó que los más de 15 mil pobladores de los 48 cantones realizaron un legítimo derecho en la defensa de sus derechos humanos e indicó que éstos no portaban armas de fuego; el derecho a la libertad de reunión y manifestación pública está protegido por la Constitución de Guatemala, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, y a pesar que deben hacerse compatibles con otras garantías fundamentales, no es posible utilizar el derecho a la locomoción como justificación para la negación de la libertad de manifestación, señaló.
Los miembros de las fuerzas castrenses que utilizaron su armamento contra los pobladores, lo hicieron aproximadamente durante 20 minutos y según constató el ente de las naciones unidas, actuaron sin ninguna dirección ni control civil, además hicieron caso omiso a recomendaciones hechas por la Policía Nacional Civil, de no acercarse demasiado a los pobladores para no provocarlos.
Entre 15 mil y 20 mil pobladores de los 48 cantones de Totonicapán se manifestaron el pasado jueves 4 de octubre, a la altura del kilómetro 170, donde obstaculizaron el paso en el lugar conocido como Alaska, para mostrar su rechazo a las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, la reforma a la carrera docente, así como por los cobros arbitrarios efectuados por las distribuidoras de energía eléctrica.
La mañana de este jueves, el MP anunció la captura del coronel Juan Chiroy, encargado de la brigada que disparó contra los pobladores, así como de ocho soldados; la Fiscal General Claudia Paz y Paz manifestó que la detención de Chiroy se efectuó bajo los delitos de ejecución extrajudicial, además de haber violado una serie de normas nacionales e internacionales sobre uso de la fuerza pública.
La OACNUDH recomendó al Estado presentar un cronograma que establezca una fecha límite para no utilizar al ejército en tareas de seguridad pública y además debe establecer medidas urgentes que permitan el fortalecimiento acelerado de la PNC y un mayor aumento de sus elementos, realizando modificaciones al presupuesto, que sean necesarias y con la prioridad que merecen.