La oferta de inversión, ya sea interna o externa, es uno de los elementos más importantes de la economía de cualquier país. En gran medida, contar o no con inversión produce indicadores de beneficio o estancamiento de las circunstancias sociales del Estado, especialmente uno como el guatemalteco, en cuyo proceso evolutivo de desarrollo se ha visto disminuido hasta el grado de encontrar ausencia de servicios básicos, como salud, agua potable, justicia, entre otros. Es una de las mediciones con las que se cuantifican las proyecciones a futuro para una estabilidad económica, y por ende, toma relevancia en cuanto a políticas públicas del Estado.
Por ello, ante la falta de una política económica que atraiga capitales de forma segura, legal y constante, Guatemala se ha visto en la obligación de competir con mercados cercanos para ofrecer acciones que incentiven la inversión, privilegiando la foránea a la nacional, atendiendo a los alcances superiores de la primera, ante la segunda.
Lamentablemente estos incentivos no involucran fortalecimiento de instituciones públicas, o de sistemas educativos, sino la creación de situaciones perversas que debilitan no sólo la institucionalidad del Estado, sino, además, hace que disminuyan las propias capacidades de la población, mediante la imposibilidad de los distintos gobiernos de cumplir con necesidades como educación, seguridad social o un ambiente sostenible.
Si se observan ejemplos de Estados que han evolucionado favorablemente, la inversión que ingresa no ha sido extranjera, sino la interna o nacional, con mecanismos de control económico social que ameritan no incentivos, sino apoyos financieros para aquellos que no pueden generar productividad por si solos, y por ello requieren que el Estado les subvencione para generar cohesión económica y elevar los demás indicadores favorables, como el consumo, la producción y el ahorro, cada uno en su distinto momento, característica y resultado; aquí el rol de la pequeña y mediana empresa es fundamental, porque correspondería a estas entidades el dar el “arranque” inicial del proceso, para luego contagiar el crecimiento económico a todo el país.
Pero otorgar subsidios fiscales a grandes empresas, aun cuando se pretenda reducir brechas comerciales en el interior del país, no favorece al Estado, en su conjunto, dentro del cual se incluye a la población. El subsidio fiscal correspondería únicamente, como una moratoria de pago, para las empresas que ya tienen capital constituido, para que puedan tomar ritmo financiero y fortalecer sus capacidades económicas. Entonces sí, retomar su proceso y corresponder con un ideario tributario que contribuya al desarrollo. De esta forma, no sólo se incentiva la economía y se mejoran las perspectivas de entes privados, sino que también se reembolsa al Estado con el pago de impuestos posteriores.
La responsabilidad del Congreso de tomar en serio estos aspectos es necesaria. Sin importar las presiones de grupos de poder, hoy más que nunca, para la situación del país, los y las diputadas tienen una obligación de no dejar a Guatemala en plena desventaja económica. Ni como política pública ni como estrategia comercial, dar incentivos fiscales a quienes no lo necesitan, son decisiones inteligentes.
Y si el concepto de competitividad asusta a los empresarios, quizá sea porque dudan de sus propias capacidades, por lo que deben sumarse a la lucha para alcanzar otros mecanismos como la profesionalización del recurso humano, la mejora de indicadores macroeconómicos, la exigencia de contar con certeza jurídica, combatir la corrupción, disminuir el contrabando e inclusive minimizar los conflictos sociales, para ganar la confianza de inversores locales e internacionales.