Invertir en la juventud es un imperativo incuestionable y un proceso de largo aliento que establece los derechos básicos que deben tenerse en consideración en las inversiones estatales, según el Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe: Invertir en la Juventud.
De acuerdo con el documento, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las y los jóvenes son sujetos de derechos y la inversión en juventud es un mínimo social de ciudadanía que no puede ser ignorado.
Según la publicación, debe considerarse con atención que en los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales subyacen una serie de medidas positivas o de acción afirmativa que los Estados pueden y deben implementar para que se realicen tales derechos.
El informe destaca que entre las medidas destacan aquellas que buscan combatir la discriminación de las juventudes, en particular de las mujeres y muy en especial de las indígenas y afrodescendientes, impulsando acciones que promuevan una cultura de corresponsabilidad en el cuido y prevengan toda forma de violencia y exclusión.
El acceso a la salud sexual y reproductiva entre las jóvenes resulta un aspecto crucial para que éstas logren consolidar plenamente sus decisiones y ejercer sus derechos en otros ámbitos.
La información advierte que los Estados deben encaminar sus políticas a combatir todas las fuentes y mecanismos que logran excluir a las y los jóvenes en ámbitos cruciales para su desarrollo, entre ellos la educación y el empleo.
La investigación subraya la necesidad de promover una agenda de inversión en juventudes desde un enfoque de derechos, la cual debe construirse a partir de una doble perspectiva que considere medidas permanentes para el respeto de las garantías y medidas específicas para eliminar mecanismos de exclusión enquistados en la sociedad y en las instituciones.