La inversión privada nacional y extranjera puede ser motor dinamizador de la economía nacional, siempre que las condiciones pactadas sean de beneficio tanto a inversores como a trabajadores nacionales. Como incentivo para atraer inversión, los gobiernos otorgan concesiones a las empresas, por ejemplo las exenciones tributarias. Incentivos que promueven el crecimiento de los sectores agrícola, industrial y de servicios.
Una cosa es la atracción y estímulo de inversión, otra muy diferente y condenable es el entreguismo que los gobiernos de derecha, incluido el actual, hacen de los recursos naturales del país. Alrededor de las llamadas industrias extractivas, petróleo y minería, pesan tantos reclamos y descontentos que lo mejor sería no conceder ninguna nueva licencia de exploración o explotación y evitar la extensión de concesiones. La ley que crea Fonpetrol es a todas luces inconstitucional, pues contraviene otras leyes y vulnera los intereses nacionales. Debe generarse una discusión amplia por parte de toda la sociedad sobre cómo deben aprovecharse el recurso minero y petrolero. La opción de contrato por administración parece ser mejor que una renovación de las concesiones.
Un tema sensible respecto a la acción de los capitales extractivos es que han generado oposición y resistencia en todas las regiones del país. La gente se ha dado cuenta que las empresas se llevan las ganancias y a las poblaciones les queda la contaminación sin cambiar sus condiciones de pobreza. El Gobierno, contrario a su función constitucional de defender el bien común y proteger la vida, salud y seguridad de las comunidades, se ha dado a la tarea de desconocer las manifestaciones legítimas que representan las consultas comunitarias de buena fe y, en casos concretos, ha hecho uso de la violencia para reprimir la justa protesta colectiva. El sábado 14 de febrero, el líder comunitario, Ramiro Choc cumplió un año de haber sido detenido de manera ilegal por la Policía Nacional Civil y hasta el momento no se han presentado pruebas en su contra. Los tribunales han evadido su responsabilidad de recibir y tomar una decisión en el caso, mientras lo mantienen separado de su familia, de su comunidad y de la posibilidad de trabajo. Recuerdo que hace un año, la campaña mediática levantada por Prensa Libre contra Ramiro Choc fue descomunal: durante días fue acusado y condenado por ese matutino como terrorista y delincuente. La presión del sector terrateniente también ha pesado en la inmovilidad del sistema de justicia. La zona quekchí que el líder y la población del área han defendido por años es un objetivo codiciado por el capital nacional y trasnacional turístico, por lo que el Gobierno ha reprimido la resistencia.
Otros casos en los que el Gobierno ha incurrido en violación a los derechos ciudadanos elementales por acción u omisión son: a) la detención arbitraria de 27 personas a finales del año pasado por protestar contra las altas tarifas de distribución de energía eléctrica que cobra Unión Fenosa en Malacatán, San Marcos; b) la represión física y psicológica contra poblaciones de San Juan Sacatepéquez que han sostenido un proceso de oposición a la instalación de una planta cementera en su territorio. Las comunidades de San Juan han denunciado que se han producido violaciones de mujeres, detenciones ilegales, asesinato y persecución judicial contra miembros, líderes y autoridades comunitarias.
En conclusión, una inversión que no genera desarrollo y bien común y que, por el contrario, utiliza la violencia estatal para imponer su lógica extractiva y de acumulación, es mejor que no exista.