Guatemala tiene un potencial extraordinario para poder atraer la inversión, principalmente la extranjera, ya que cuenta con recursos bien establecidos que permiten este tipo de generación económica. La cultura milenaria de los mayas y los bienes ecológicos de un verdadero paraíso ambiental, son apenas dos de múltiples formas en que en el país se puede invertir.

Sin embargo, ni el turismo ni la interculturalidad como mecanismo de investigación (antropológica, sociológica o histórica) resultan del foro económico de inversión propuesta y organizada por el Gobierno, que si bien intenta promover actividades tendientes al crecimiento económico, lo hace ofreciendo otro tipo de explotación, que ataca fuertemente estos dos elementos básicos para la subsistencia del país. Predominan las empresas que buscan afluentes hídricas y minerales de extracción por tierra, ambas muchas veces en territorios en donde no hay desarrollo integral de las poblaciones, lo que promueve que se piense en un aprovechamiento de la situación, desde la compra de terrenos a precios banales en comparación con las ganancias, hasta la utilización de ciertos recursos naturales, que al explotarse sin los controles debidos, promueven que otros círculos de fauna o flora, sufran las consecuencias (animales en extinción o alterados en su ciclo de vida; o bien deforestación que conlleva a deslaves).

El Gobierno, entonces, atendiendo a que existen una serie de conflictos sociales provocados, entre otros temas, por las acciones de inversionistas mineros, ya sea de exploración o explotación, debiera buscar a nivel de futuro (mediano plazo) otro tipo de inversión, en lugar de promover y generar que hidroeléctricas, mineras y extractivas puedan considerar invertir en Guatemala.  Lamentablemente, la visión de Estado es muy limitada, especialmente porque si la inversión efectivamente se da, existirá crecimiento económico, no hay duda, pero el costo de conflictividad es muy caro para todos.   La inversión entonces, se da en un corto plazo, y como espejismo se presenta como una alternativa para el desarrollo; pero en el mediano plazo, los recursos de las comunidades serán escasos o limitados, y con ello el inversionista tendrá ante sí, conflictividad directa, que querrá que el Estado reprima, con posibles efectos en materia de derechos humanos.  Y en el largo plazo, la terminación de recursos naturales, la disminución de los recursos minerales y el alto grado de conflictividad del área, que seguramente tendrá consecuencias de años.

Imposible pensar que sin el apoyo de inversionistas los países alcancen desarrollo, todos los Estados lo han necesitado. La historia lo atestigua. Pero precisamente por esa razón fáctica, es que se debe trazar una ruta responsable de inversión, que combine fuentes de explotación y de promoción (minas y turismo, por ejemplo), y que combinado con una larga, clara y constante comunicación con la población, permita que las propias comunidades comprendan el beneficio social, protejan la conservación y reparación de los activos naturales, y se conviertan en actores propios de su futuro.  Sin estos requisitos, solo promover al país como un lugar para explotar minerales o combustibles, no solo es poco inteligente, sino egoísta e inmoral.

¿Qué pasaría si la explotación fuera en un área residencial de la ciudad capital?  Hidroeléctrica en los afluentes a las aguas que ingresan a la ciudad, explotación de minerales en las montañas de carretera a El Salvador o bien drenar pozos de combustible en medio de La Cañada, zona 14.  Da en qué pensar, cuando los zapatos se calzan desde el lugar de otros.