Ayer en acto público el nuevo Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas arrancó un programa de remozamiento de la red vial que denominaron “Carreteras Seguras” y en el que se invertirán en los próximos seis meses 800 millones de quetzales para reparar el daño que el abandono causó en toda las rutas del paí­s y que, más que por falta de recursos, fue resultado de la corrupción en escala gigantesca que ha imperado en los negocios de ese Ministerio desde hace mucho tiempo.

Ahora está al frente de ese despacho un miembro prominente del partido, pero que también fue pieza clave en el financiamiento de la campaña, por lo que es fundamental que existan mecanismos de control y verificación para que principie una nueva era en el manejo de la inversión en obra pública, rompiendo con el molde del pago de favores, tráfico de influencias, arreglos bajo la mesa, sobornos y comisiones, que han sido la caracterí­stica de todo lo que maneja ese despacho desde hace muchí­simos años. Y no se trata únicamente de los trinquetes con las ONG que se montaron para hacer negocios, sino que en ese juego han participado todos, hasta las empresas de “prestigio” que no dudaron en colocar a sus mandatarios como viceministros para garantizarse la tajada correspondiente.
 
 â€œEl cambio ha llegado”, dijo Otto Pérez Molina al empezar su discurso de toma de posesión, y dijo que era para acabar con la corrupción y el desorden que caracterizaba a la administración pública. Campos concretos como los de Comunicaciones y Energí­a y Minas han sido como los estandartes de la corrupción en enorme escala. Alejandro Sinibaldi tiene la oportunidad de romper con el molde que impusieron hace mucho tiempo cuando se dispuso que toda obra tení­a que dejar sobra y cuando se administró el recurso del Ministerio no con la mentalidad de hacer buenas y duraderas obras, sino de gastar rápidamente para que el contratista hiciera cualquier mamarracho sin supervisión ni control, pero dejando las comisiones correspondientes en el momento de firmar el contrato y, otra vez, cuando gestionaba el pago de lo que le adeudaban. Porque ha llegado a tales extremos el trinquete que los contratistas tienen que presupuestar el pago que le hacen al funcionario que les signa los trabajos, pero también están obligados a meter en el presupuesto lo que deberán dar de mordida para que les saquen el cheque. Y a cambio de todo ello, el Ministerio garantiza que nadie se meterá a ver la calidad de la obra y que no importa si la misma se cae con las primeras lluvias.
 
 No hay cambio que valga la pena si no tiene que ver con un nuevo modelo de administración en el que se ponga fin a la corruptela que es tan generalizada. El paí­s tiene oportunidades y puede ser realmente distinto si cambia la mentalidad tanto de los funcionarios y polí­ticos como de los contratistas y empresarios que se han acostumbrado a un juego muy sucio en el que esquilman el presupuesto con negocios que únicamente les rinden frutos a ellos porque está sentada la premisa de que la calidad de la obra no tiene la menor importancia.
 
 El Presidente de la República denunció esos malos manejos desde el Congreso de la República y desde la oposición. Supo, sin duda alguna, cómo se hací­an los negocios cuando le tocó acompañar a Ramiro de León Carpio en la Presidencia como su Jefe de Estado Mayor y por lo tanto tiene ahora la oportunidad, y yo dirí­a que el deber, de entrarle al toro por los cuernos con conocimiento de la forma en que han ido corrompiendo la gestión pública, en el entendido de que de su paso por el poder a estas fechas, los procedimientos se han sofisticado en extremo.